La detención de la reportera María Luisa Ruiz en el municipio de Santiago Miahuatlán desató una inmediata reacción de organizaciones de periodistas y del Gobierno del Estado de Puebla, luego de que se denunciara un actuar arbitrario por parte de la Policía Municipal mientras la comunicadora realizaba una transmisión en vivo de un operativo.
Los hechos, ocurridos la tarde de este martes en la comunidad de Monte Chiquito, reavivaron la urgente necesidad de garantizar condiciones mínimas de respeto, seguridad y libertad para quienes ejercen el derecho a informar en la entidad.
María Luisa Ruiz, reportera y fundadora de un medio digital en esa región, se encontraba documentando un operativo policial cuando elementos municipales le exigieron mostrar su acreditación.
Al no contar con ella en ese momento, los agentes la obligaron a subir a una patrulla y la trasladaron al área de Seguridad Pública municipal, bajo el argumento de que no tenía derecho a grabar y de que presuntamente obstaculizaba la labor de la autoridad.
La periodista rechazó dichas acusaciones y afirmó que en ningún momento impidió el trabajo de los uniformados.
La Red de Periodistas de Puebla condenó públicamente la detención y denunció que la comunicadora fue empujada y agredida físicamente por policías municipales durante su ingreso al Palacio Municipal, quienes justificaron su actuar bajo el argumento de que no portaba credencial de prensa.
Además, acusó un trato prepotente por parte de los elementos y solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla iniciar una queja de oficio por estos hechos.
Posteriormente, María Luisa Ruiz fue remitida ante el Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de funciones; sin embargo, horas más tarde quedó en libertad.
Ante la agresión, la reportera adelantó que analiza presentar una denuncia penal contra el Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán y contra los policías que participaron en su detención.
En respaldo, periodistas de Tehuacán y la región exigieron la aplicación de sanciones a los responsables, al considerar que se trató de una agresión directa contra la libertad de expresión.
Por su parte, el Gobierno de Puebla manifestó su rechazo a cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación contra el trabajo informativo y expresó su respaldo a María Luisa Ruiz.
A través de la Secretaría de Gobernación, informó que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos da seguimiento puntual al caso y mantiene comunicación con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
La dependencia estatal señaló que acompañará a la comunicadora en los procesos necesarios para fortalecer sus derechos en el ejercicio periodístico, si así lo decide, y recordó que cuenta con el derecho de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El Gobierno estatal reiteró que en Puebla se respeta la labor periodística y se protege el derecho de la ciudadanía a estar informada.