El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que su administración analiza la posible adquisición del 75% de las acciones de la empresa concesionaria Agua de Puebla, al subrayar que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad y un derecho humano para las y los poblanos.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que se trata de un tema “delicado” que aún se encuentra en proceso de análisis, por lo que pidió esperar a que se concluyan las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras antes de dar a conocer una resolución definitiva.
No obstante, adelantó que el Gobierno del Estado trabaja en una alternativa que podría representar un cambio de fondo en el manejo del servicio.
“Estamos trabajando en el tema de Agua de Puebla y le vamos a dar una gran sorpresa a Puebla, pero hay procesos de investigación y análisis que se deben cuidar”, expresó.
Armenta enfatizó que el objetivo central es garantizar el derecho humano al agua y recordó que, a nivel federal, la presidenta de México ha reiterado que el agua no debe ser tratada como una mercancía.
En ese contexto, criticó los procesos de privatización impulsados por gobiernos panistas en el pasado, los cuales, dijo, incluyeron servicios esenciales como el agua potable, el transporte público, la recolección de basura y el alumbrado público.
El gobernador sostuvo que dichas privatizaciones se realizaron bajo “esquemas leoninos” que beneficiaron de manera desproporcionada a empresas privadas y dejaron deteriorada la infraestructura pública, particularmente la red hidráulica.
Añadió que estos contratos limitan severamente la capacidad del Estado para renegociarlos, ya que cualquier intento de modificación puede derivar en sanciones económicas para el propio gobierno.
“Cuando una autoridad cuida el interés privado por encima del bien público, eso es traición al Estado y genera un daño patrimonial”, afirmó.
En ese marco, Armenta también se refirió a la investigación en curso por el presunto daño patrimonial relacionado con la deuda del Museo Internacional del Barroco, al aclarar que el tema no está cerrado y que la Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias correspondientes.
El mandatario subrayó que su gobierno no actuará con omisión ni complicidad, ni emprenderá persecuciones políticas, sino que se conducirá conforme a la ley para deslindar responsabilidades y proteger el patrimonio de Puebla.