La administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier contrató una línea de crédito por 2 mil millones de pesos para concretar la terminación anticipada de la deuda del Museo Internacional del Barroco, informó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero.
Esto fue informado durante su comparecencia como parte de la Glosa del Primer Informe, donde explicó que de acuerdo con las condiciones del contrato, este financiamiento deberá ser liquidado en un plazo máximo de un año, como parte de los compromisos financieros del Estado.
Aclaró que, si bien el gobierno contaba con la solvencia necesaria para cubrir el adeudo, la decisión de recurrir al crédito obedeció a criterios de disciplina financiera, con el objetivo de evitar recortes a programas sociales y preservar la estabilidad presupuestal.
En cuanto a los compromisos financieros de largo plazo, derivados de contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP), Morales Guerrero detalló que el saldo vigente por las obras de las Plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS) asciende a 4 mil 381 millones de pesos.
Asimismo, informó que el estado mantiene juicios pendientes de resolución que representan una posible afectación por 4 mil 113 millones de pesos, los cuales, aseguró, se litigan con absoluta diligencia y responsabilidad jurídica para proteger el patrimonio público.
En otro tema, la secretaria abordó el caso de la inversión fallida en Banco Accendo, donde la administración estatal destinó 604 millones de pesos. Señaló que este asunto trasciende el ámbito civil o mercantil, ya que ha derivado en procedimientos penales y administrativos para deslindar posibles responsabilidades.
Precisó que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha presentado tres denuncias administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Nosotros no denunciamos personas; presentamos denuncias de hechos y conductas. Son las instancias competentes las que determinan si existen funcionarios con alguna responsabilidad”, puntualizó Morales Guerrero.