La comparecencia de la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, ante el Pleno del Congreso de Puebla tomó un giro político luego de que la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, exigiera que la propia titular de la Fiscalía sea investigada por presuntos actos de corrupción, pese a la “limpieza” que hizo en noviembre del año pasado.
Durante la sesión, la legisladora afirmó que la salida de extitulares de fiscalías especializadas dados a conocer en 2025 evidencian una red de irregularidades estructurales que no puede limitarse únicamente a mandos medios.
En respuesta, Idamis Pastor aseguró que todos los casos detectados de corrupción cuentan con carpetas de investigación abiertas y en proceso, y sostuvo que no habrá protección institucional para ningún servidor público involucrado en actos ilícitos.
Defendió que su administración ha permitido que estas investigaciones avancen, a diferencia de administraciones anteriores, donde, dijo, los hechos permanecían ocultos.
Como parte de su informe, apuntó que las investigaciones contra 11 exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción en agravio de empresarios siguen abiertas.
La fiscal detalló que el Órgano Interno de Control de la FGE inició 29 procesos administrativos, de los cuales nueve funcionarios fueron suspendidos, dos inhabilitados, 12 amonestados y seis absueltos.
En tanto, la Fiscalía de Asuntos Internos mantiene 272 carpetas de investigación, de las cuales 31 ya fueron judicializadas y 39 concluyeron con no ejercicio de la acción penal.
Pastor Betancourt recordó que en meses recientes inició una “limpia” interna que derivó en la remoción de al menos cinco fiscales especializados, así como de otros altos mandos, como parte de una reestructuración orientada a desarticular presuntas redes de corrupción y extorsión que operaban desde áreas estratégicas.
Hasta el momento, se han reportado relevos en fiscalías clave, entre ellas las de Investigación Metropolitana, Investigación Regional, Anticorrupción, Secuestro y Extorsión, así como la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).
La comparecencia dejó al descubierto no solo los avances y cifras internas de la Fiscalía, sino también la presión política creciente sobre la institución y su titular, en medio de una agenda de combate a la corrupción que continúa bajo escrutinio legislativo.