La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla alista una denuncia ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por el padrón desactualizado de concesionarios y permisionarios del transporte público, el cual no fue depurado durante más de una década, informó su titular, Silvia Tanús Osorio.
En rueda de prensa, la funcionaria acusó que por más de 10 años las administraciones estatales omitieron actualizar este registro, lo que derivó en una acumulación de irregularidades, como concesionarios fallecidos que aún aparecen en el padrón, unidades que operan sin vigencia legal y adeudos sin regularizar.
“Esto implica una responsabilidad administrativa que, en su momento, se hará del conocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que haga lo procedente con quienes resulten responsables”, declaró.
Tras irregularidades reduce padrón de concesiones 33%
Tras concluir el proceso de Revista Vehicular 2025, la SMT reportó una reducción significativa en el padrón de concesionarios, el cual pasó de 37 mil unidades registradas a 24 mil 730, es decir, una disminución aproximada de 12 mil 270 unidades, equivalente al 33 por ciento.
Tanús Osorio detalló que 16 mil 514 concesionarios cumplieron con la Revista Vehicular, lo que representó un total de 21 mil 786 trámites realizados.
Sin embargo, tres mil 137 vehículos no acudieron a realizar el registro, pese a contar con pagos al corriente y unidades vigentes, en su mayoría taxis.
Última oportunidad para no perder concesión
Ante este escenario, el Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, otorgó una última oportunidad de regularización a los concesionarios que incumplieron con este trámite, bajo un esquema de sanción económica.
La secretaria explicó que, aunque la ley establece la revocación inmediata de la concesión por no cumplir con la Revista Vehicular, se permitirá a los omisos conservar su permiso mediante el pago de una multa cercana a los 25 mil pesos.
“No es una prórroga, sino un gesto de buena voluntad para evitar la pérdida de concesiones. Vamos a sancionar a quienes, teniendo todo para cumplir, pensaron que no iba a pasar nada y que no habría consecuencia alguna”, subrayó.
Precisó que quienes acudan de manera voluntaria deberán pagar una multa de 165 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 19 mil 356 pesos; mientras que aquellos que sean detectados en operativos pagarán la sanción máxima de 245 UMA, es decir, cerca de 28 mil 740 pesos.
Tanús Osorio enfatizó que el objetivo final es ordenar el sistema de transporte público, mejorar el servicio y garantizar que únicamente operen unidades con concesiones legales vigentes.
“El resultado final será cumplir o perder la concesión. No es perjudicar por perjudicar, es ordenar, mejorar el transporte y aplicar la ley en beneficio de los usuarios”, concluyó.