Las presuntas irregularidades en la asignación de plazas dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla escalaron a un nuevo nivel: ya suman seis denuncias penales contra exfuncionarios y la revisión administrativa se amplió a 7 mil plazas, informó el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra.
De acuerdo con el funcionario, fue la Auditoría Superior del Estado de Puebla la que determinó ampliar la muestra de revisión. Inicialmente se analizaban poco más de 2 mil 300 plazas que presuntamente habrían sido asignadas de manera irregular en administraciones anteriores; sin embargo, hace aproximadamente 12 días el universo de investigación creció hasta alcanzar 7 mil.
García Parra confirmó que seis exfuncionarios de la pasada administración ya fueron denunciados penalmente por su presunta participación en actos irregulares relacionados con la entrega de plazas desde la dependencia educativa.
Subrayó que no habrá impunidad y que cualquier servidor público que haya hecho uso indebido de su cargo deberá enfrentar las consecuencias, sin importar el periodo de gobierno al que pertenezca.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la investigación no obedece a una persecución política, sino a la necesidad de atender las quejas ciudadanas sobre la asignación de plazas. Señaló que incluso el titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, ha sido objeto de “ataques” por impulsar acciones de ordenamiento interno.
El mandatario agregó que las indagatorias se realizan a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que también hay auditorías en otras dependencias como el Issstep y el Soapap. Enfatizó que, además del proceso legal, se requerirán resoluciones financieras para reorientar las plazas observadas hacia donde realmente se necesitan, pues —dijo— en sus recorridos docentes han manifestado la falta de personal pese a haberlo solicitado durante años.
Cabe recordar que recientemente se registraron más de diez movimientos internos en la SEP, entre subsecretarías y direcciones, lo que derivó en la baja de más de 300 servidores públicos.