Mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó observaciones mínimas al Gobierno de Puebla durante el último año de la administración de Sergio Céspedes Peregrina, al detectar un probable daño patrimonial menor al 1% de los recursos auditados, en el ámbito municipal la situación fue opuesta: el gobierno encabezado por Adán Domínguez acumuló observaciones por más de 63 millones de pesos, por presunto daño a la Hacienda Pública.
De acuerdo con la tercera revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF auditó al Gobierno del Estado una muestra de 34 mil 621 millones de pesos, equivalente al 80.8% de los recursos federales asignados mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Al 31 de diciembre de 2024, el gobierno estatal había pagado 41 mil 379 millones de pesos, lo que representó el 96.6% del recurso asignado, por lo que se identificaron recursos no ejercidos por 1 mil 446 millones de pesos.
No obstante, en el ejercicio del gasto se detectaron inobservancias a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, principalmente por la falta de evidencia documental comprobatoria y justificativa de algunos pagos, así como estados de cuenta bancarios relacionados con laudos del Poder Judicial.
Por estas irregularidades, la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 1 millón 733 mil pesos, monto que representó menos del uno por ciento de la muestra auditada. A pesar de ello, el órgano fiscalizador concluyó que, en términos generales, el Gobierno del Estado realizó una gestión adecuada de los recursos federales.
Municipio bajo la lupa
En contraste, la ASF detectó a nivel municipal un posible daño patrimonial por 63 millones 503 mil pesos en el último año de la administración de Adán Domínguez, derivadas de irregularidades en contratos de software de seguridad, adquisición de un vehículo oficial, servicios de alumbrado público y diversas obras de pavimentación,
El organismo auditó 413 millones 866 mil pesos correspondientes a 21 acciones ejecutadas en 2024, en las que se observaron irregularidades por la falta de comprobación documental en la compra de un vehículo para el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, un software de seguridad para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un servicio de alumbrado público de temporada.
Entre las observaciones más relevantes se encuentra un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 25.3 millones de pesos, relacionado con un contrato de licenciamiento de software de seguridad, del cual no se acreditó la entrega de las licencias ni el cumplimiento de los entregables pactados.
Asimismo, se detectó un presunto daño por 38.2 millones de pesos en contratos para la adquisición de un vehículo oficial y un servicio integral de alumbrado público, al no presentarse registros de inventario, resguardos de bienes ni bitácoras completas de servicio.
La ASF también halló inconsistencias en obras de pavimentación y drenaje en zonas como Bosques de Amalucan, El Salvador, Barranca Honda, Guadalupe Hidalgo y Xonacatepec, por lo que solicitó a la Contraloría investigar a las empresas responsables de estos trabajos.
En su conclusión, el órgano fiscalizador determinó que el municipio infringió la normativa en materia de contabilidad gubernamental, adquisiciones y obra pública, además de detectar que en varios contratos participaron empresas vinculadas entre sí, lo que habría generado un beneficio indebido y un probable daño patrimonial por más de 63.5 millones de pesos, equivalente al 15.3% de la muestra auditada.
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones administrativas y legales para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.