El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció una política de cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias durante la entrega de 111 vehículos para reforzar la seguridad en el estado, al advertir que ningún funcionario o familiar podrá aprovecharse del cargo para obtener beneficios, y que quienes incurran en estas prácticas serán denunciados y sancionados conforme a la ley.
Durante el acto, el mandatario estatal encabezó la entrega de 111 unidades destinadas a fortalecer las labores de seguridad en 14 municipios, así como a incrementar la capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Universidad de las Ciencias Policiales.
La inversión total asciende a 57 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp).
Armenta destacó que estas unidades se suman a las 230 patrullas adquiridas el año pasado, las cuales ya se encuentran en operación para reforzar la vigilancia y seguridad en la entidad.
Refuerzo en municipios y corporaciones
Del total de vehículos, 14 patrullas fueron destinadas a municipios como Acatzingo, Atoyatempan, Cohuecan, Eloxochitlán, Honey, Huitziltepec, Mazapiltepec de Juárez, Piaxtla, San Antonio Cañada, San Felipe Tepatlán, San Gregorio Atzompa, Santo Tomás Hueyotlipan, Tepemaxalco, Xochiltepec y Hueyotlipan.
Además, la Fiscalía estatal recibió 37 vehículos, la Subsecretaría de Coordinación Policial 46 motopatrullas, la Universidad de las Ciencias Policiales cinco unidades, y la Subsecretaría de Centros Penitenciarios nueve vehículos, estos últimos equipados para operar en zonas estratégicas.
Advertencia contra corrupción y extorsión
En su mensaje, el gobernador enfatizó que las autoridades están obligadas a combatir la corrupción y la extorsión, tanto al interior de las instituciones como en perjuicio de la ciudadanía.
Recalcó que no se permitirá que familiares de funcionarios utilicen su cercanía con el poder para obtener beneficios indebidos, al considerar que el tráfico de influencias es una práctica que daña gravemente a la administración pública.
Asimismo, hizo un llamado a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Fiscalía, para no tolerar ningún acto irregular, y advirtió que quienes incurran en estas conductas enfrentarán consecuencias legales.