Los contratos para la prestación de servicios de hemodiálisis que hoy son investigados por presuntos sobrecostos millonarios en Puebla habrían iniciado desde 2022, dos años antes de que el sistema de salud estatal se incorporara al modelo IMSS-Bienestar.
Así lo reveló el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, Alejandro Espidio Reyes, quien informó que la administración estatal colabora con la auditoría emprendida por la Federación para esclarecer las irregularidades detectadas en los convenios suscritos con la empresa Zdenko S.A. de C.V.
El funcionario explicó que las observaciones realizadas por el IMSS-Bienestar no corresponden únicamente al periodo federalizado iniciado en 2024, pues la compañía ya había sido contratada por la Secretaría de Salud de Puebla durante 2022 y 2023 para brindar tratamientos a pacientes con insuficiencia renal.
“El IMSS-Bienestar hizo señalamientos y trabajamos en coordinación en este momento con la delegación para trabajar al respecto”, declaró.
Espidio Reyes señaló que la Secretaría de Salud cuenta con expedientes relacionados con dichas contrataciones, por lo que actualmente se realiza una revisión documental para aclarar cualquier observación derivada de las investigaciones federales.
Indicó además que durante las administraciones responsables de esos contratos no se reportaron públicamente irregularidades sobre el servicio, por lo que la revisión abarcará el origen de los convenios y las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.
La investigación cobró relevancia luego de que el IMSS-Bienestar cancelara el mes pasado los contratos de dich empresa en Puebla y el Estado de México, tras detectarse presuntos cobros excesivos en los tratamientos de hemodiálisis.
De acuerdo con información dada a conocer por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, algunos procedimientos que tendrían un costo promedio de mil 500 pesos llegaron a facturarse hasta en 32 mil pesos, lo que representa un sobreprecio cercano al 2,000%.
Ante estos hallazgos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas o actos de corrupción relacionados con la contratación de estos servicios.
En paralelo, el gobierno de Puebla revisa los expedientes de contratación desde 2022 para esclarecer si las presuntas irregularidades detectadas por la Federación tuvieron origen en administraciones anteriores o durante la operación del sistema federalizado de salud.