Por la violación de Derechos Humanos y omisiones en el protocolo de detención de una persona, que posteriormente falleció, la Defensoría de los derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió la Recomendación (255) /2/2023 contra el municipio de Huimilpan, que cuenta 15 días para responder si acepta o no dicha recomendación.
Tras una investigación de este caso que se suscitó el pasado 20 de julio de 2022, el organismo encontró que personal de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, del Juzgado Cívico y de Protección Civil incurrieron en actos que derivaron en el fallecimiento de la persona.
“Se atribuyó, concretamente, la violación a los derechos humanos de libertad personal, integridad personal, buena administración pública, protección a la salud, vida, legalidad y seguridad jurídica, al momento de la detención y aseguramiento de una persona al interior de su domicilio”, precisó el ombudsperson, Javier Rascado Pérez.
Entre los aspectos solicitados está el exigir y gestionar la inscripción de la familia directa de la persona fallecida, y de quienes acrediten ser víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, en un plazo que no mayor a 30 días naturales, además de realizar las gestiones conducentes para que reciban atención psicológica, que deberá otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación psíquica y emocional, así mismo, iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de carácter administrativo y penal conducentes, a efecto de deslindar las responsabilidades.
En particular, para la Secretaría de Seguridad, solicitó elaborar, aprobar e implementar un protocolo, manual o instrumento normativo en el que se establezcan los lineamientos y directrices para el debido desempeño de sus funciones, realizar una revisión exhaustiva de todo el personal que lleve a cabo funciones operativas de seguridad pública para verificar que estén activos en el Registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que cumplan con los requisitos de ley, y capacitar de forma específica, sobre los derechos humanos de libertad personal, integridad personal, buena administración pública, vida, legalidad y seguridad jurídica.
Para el Juzgado Cívico, se pidió contar con personal médico que se requiera para su debido funcionamiento, para que se garantice la atención médica y de urgencia a las personas detenidas y que sean puestas a disposición; la elaboración de un protocolo, manual o instrumento normativo en el que se establezcan los lineamientos y directrices para el manejo, valoración y atención médica de detenidos y puestos a disposición; y capacitación sobre los derechos humanos de buena administración pública, protección a la salud, vida, legalidad y seguridad jurídica.
Finalmente, para la Coordinación de Protección Civil, indicó que debe contar con un protocolo, manual o instrumento normativo en el que se establezcan los criterios mínimos a cumplir para la atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta el servicio, así como capacitación sobre los derechos humanos de protección a la salud, vida, legalidad y seguridad jurídica.
