Desde el 28 de mayo de 2022 a la fecha, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha registrado de 300 a 350 carpetas de investigación por abuso de autoridad contra policías estatales y municipales, indicó el fiscal Benjamín Vargas Salazar.
Aunque no precisó un porcentaje, reconoció que en su mayoría los señalados son policías municipales, pero que al estar en etapa de investigación omitió brindar mayores detalles, aunque destacó que ya se han tenido resoluciones de jueces para suspensión de labores.
“Estamos hablando de casi 350 carpetas más o menos, que anteriormente conocía otra unidad de la Fiscalía y ahora las conocemos nosotros (...) La mayoría son municipales”, comentó.
Derivado de las reformas al Código Penal realizadas el año anterior, la competencia de investigación de este delito se trasladó a esta fiscalía, lo que generó un repunte de carpetas de investigación en lo general, “pero que no significa que se hayan desbordado los delitos”.
Uno de los casos que se mantiene dentro de esta cifra, es el de la conductora e influencer, Florencia Alduncin, que aunque “dio carpetazo” a la denuncia, esta se mantiene abierta, debido a que es un asunto de carácter oficioso y por el cual se están revisando vídeos minuto a minuto para esclarecer los hechos.
“Si bien es cierto que hay una manifestación de ella de no querer seguir con la investigación, e incluso de no querer participar en ningún acto de investigación, lo cierto es que el delito que nos pone en conocimiento amerita que sigan ciertos actos de investigación y en breve vamos a resolver este asunto”, dijo.
El Código Penal precisa que comete abuso de autoridad, quien impida la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con este objeto; quien desempeñando sus funciones o con motivo de ellas haga violencia a una persona sin causa legítima o la veje o la insulte; que sin causa justificada, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarle o impida la presentación o el curso de una solicitud, por mencionar algunos.
Este delito es sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y de 90 a 300 días multa, cuando el daño no exceda de 200 veces el valor diario de la UMA; con prisión de 1 a 5 años y de 300 a 500 días multa, cuando el daño no exceda de 500 veces el valor diario de la UMA; y hasta de 6 a 15 años de prisión y de 500 a 750 días multa, cuando el daño exceda 500 veces el valor diario de la UMA.
