Defienden legisladores Ley de Bienestar Animal, afirman que dará “justicia inmediata”

Eliminar del Código Penal el maltrato animal, fortalecerá las sanciones administrativas, y no representa un retroceso en los derechos de los animales, defendieron los diputados locales, Enrique Correa y Ricardo Astudillo, quienes aseguraron que se trata de un cambio propuesto para una justicia inmediata.

Esto luego de las críticas de activistas y abogados que han alertado que esto dejaría sin sanción penal a quienes incurran en este delito.

Ricardo Astudillo, presidente de la comisión de Medio Ambiente, defendió que se trata de un avance, ya que serán jueces cívicos los encargados de las sanciones para el maltrato animal, y que a partir de las sanciones inmediatas se verán cambios radicales en el comportamiento de la ciudadanía.

“Le estamos dando facultades a los jueces cívicos para que puedan actuar de inmediato, eso es un avance enorme, ya que los municipios serán sancionadores cuando se denuncie y se tenga cualquier acto en flagrancia o cualquier cuestión que se presente ante la autoridad municipal”, comentó.

No obstante, abrió la posibilidad a que mientras no sea aprobada la nueva legislación, se presenten las observaciones ante la comisión que preside o de Agenda 2030, que serán las encargadas de emitir el dictamen.

En este mismo tema, Enrique Correa, resaltó que “lo que debe ser sancionado de manera penal es la crueldad animal, lo que pone en peligro la vida de las mascotas, y no aquello que pueda ser considerado un maltrato y que no pone en riesgo la vida”.

A diferencia de las posturas de juristas, sostuvo que el sancionar de manera administrativa ayudará a prevenir que se cometa crueldad animal, además que con esta medida se descarga de la autoridad penal este trabajo.

En el Código Penal, la sanción vigente para actos de maltrato animal va desde 1 a 5 años de prisión, de 100 a 300 días multa y de 150 a 1000 jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, mientras que la propuesta de legisladores es desde la amonestación, apercibimiento o multas de 40 a 500 UMA, dependiendo de la gravedad y situación socioeconómica de quien lo comete.