En un lapso de 3 años, la Fiscalía General del Estado ha acumulado 5 recomendaciones por violaciones de Derechos Humanos, 4 de ellas fueron emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y una por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).
De acuerdo con la última actualización en el portal de transparencia, en su totalidad las acciones requeridas por los organismos defensores de derechos humanos fueron cumplidas.
La última recomendación se notificó el 2 de enero de 2023, por omisiones en la investigación de actos de violencia cometidos en contra de una estudiante de secundaria, por lo que se acreditaron violaciones a los derechos, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la educación y al sano desarrollo integral, así como a la seguridad jurídica de la entonces adolescente.
Una segunda recomendación se recibió en abril de 2022, en la que se señalan “violaciones graves al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el estado entre 1951-1965″, sin embargo, el documento no pudo ser consultado.
En noviembre de 2021, la CNDH emitió una recomendación general sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura, y aunque se señala un cumplimiento total no se detallan las acciones ya realizadas, puesto que la recomendación solicitó un Protocolo o Guía de Actuación, para proporcionar de forma inmediata y gratuita, la asistencia de personas intérpretes, traductoras y defensoras, a las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal, programas de formación, capacitación y profesionalización, en materia de derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, acceso a la justicia, debido proceso e importancia de las personas intérpretes, traductoras y defensoras en el procedimiento penal, así como a los congresos locales “una iniciativa de Ley en la que se faculte o en su caso, se establezca una instancia u organismo especializado con capacidad operativa, técnica y presupuestaria que proporcione de forma gratuita la asistencia de personas intérpretes, traductoras y defensoras, a las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal”.
En noviembre de 2020, se emitió una recomendación general, por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra ellas, en donde se incluyeron las fiscalías de las 32 entidades.
En junio de 2020, se emitió la recomendación DDH/399/2019 por la DDHQ, en la que se señalan violaciones graves a la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, trato digno, vida y derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y aunque se marca un estatus de “cumplimiento a la totalidad de los puntos recomendatorios”, tampoco es consultable dicha recomendación.
