Pese a que Poder Judicial ya despenalizó el aborto a nivel federal, los congresos locales seguirán con la facultad de decidir si legislan o no sobre el tema en sus estados, explicó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa.
Luego de que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la penalización del aborto, la magistrada aclaró que la resolución se aplicó al Código Penal Federal, más no a las legislaturas locales.
Detalló que tras el amparo concedido al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Congreso de la Unión estará obligado a retirar la interrupción del embarazo del Código Penal a nivel federal, pero no así los congresos estatales, por lo que si el aborto está considerado como un delito en sus códigos penales, será su decisión si mantenerlo o no.
“No va dirigido a legislaturas locales, aunque el sentido de la resolución no puede aplicar para una legislatura sí y para otra no, sino que es un criterio general que está emitiendo la Corte, y ya dependerá de cada legislatura local si lo toma o no lo toma”, apuntó.
Y es que apenas el pasado domingo, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Beatriz Marmolejo, reiteró que el Congreso del Estado de Querétaro no planea analizar la despenalización del aborto pese a amparos, sino hasta que llegue una orden judicial. Querétaro es uno de los 20 estados donde el aborto se sigue considerando un delito.
La resolución sí aplica tanto a jueces federales como locales, por lo que estos tendrán que implementar lo dictado por la Suprema Corte.
Cabe señalar que el máximo tribunal resolvió que la penalización del aborto en el Código Penal Federal viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
La despenalización también establece que todas las instituciones de salud pública a nivel federal deberán dar el servicio de aborto; además, establece que el personal médico que apoye esta práctica tampoco podrá ser criminalizado.
A pesar de resistencia, en algún momento, Congresos locales tienen que armonizar legislación sobre aborto
“Aunque existan congresos locales sin disposición para homologar las leyes locales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algún momento se verán obligados a ello”, subrayó Lluvia Cervantes, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) en Querétaro.
Precisó que, desde 2021, la SCJN ha emitido resoluciones encaminadas a la no criminalización y a garantizar el acceso a este servicio en las instituciones de salud, y que con este cambio reciente también se ampara a mujeres con seguro facultativo (que tienen estudiantes).
Maricruz Ocampo Guerrero, activista feminista y titular de Aliadas Incidencia Estratégica, explicó que lo que genera la falta de actualización legislativa, aun cuando no se puede sancionar a las mujeres, es que quienes están más precarizadas se ven obligadas a “parir porque no hay forma de acceder a la interrupción segura del embarazo”, pero que solo se trata de una decisión política el no querer cumplir con estos cambios.
“Y sigue estando en las manos de unas cuantas personas que deciden, desde el pedestal de moral, cuál deber ser la conducta de las mujeres de Querétaro, porque no penalizan el aborto por la protección del feto, lo que criminalizan es el ejercicio de la sexualidad de las mujeres”, expresó.
La activista feminista Mayra Dávila, lamentó que, a pesar de estos criterios, en Querétaro legisladores locales se hayan cerrado a la posibilidad de abrir el debate y actualizar el Código Penal, por lo que reiteró que junto con el grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) se ingresará la próxima semana un segundo amparo por omisión legislativa.
