El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que investigue el caso Zakia, en el que 650 familias fueron demandadas por un exfuncionario del municipio de Querétaro que acusa a la desarrolladora inmobiliaria de despojo.
Fue el pasado 14 de noviembre cuando Rafael Olguín, representente legal de la empresa Fagumi S.A de S.V reveló que interpuso dicha cantidad de demandas a igual número de personas, argumentando que las empresas Pangea y Supraterra, dueñas de Zakia, invadieron un predio de 80 hectáreas que Fagumi compró en 2016.
Al respecto, el mandatario federal afirmó durante su conferencia matutina de este miércoles que canalizará el asunto con la titular de Segob, Luisa María Alcalde. Pese a mostrar desconocimiento del conflicto, sugirió que Zakia no habría incurrido en irregularidades para vender las viviendas, dado que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) garantiza que los inmuebles estén regularizados antes de otorgar créditos a los derechohabientes.
“Lo vemos, sí apoyamos, creo que lo puede ver la secretaria de Gobernación, Luisa María, ella puede atenderlo. (...) Para que el Infonavit otorgue un crédito requiere de que esté regularizada la propiedad”, indicó.
De acuerdo con Rafael Olguín, la empresa Fagumi le compró el predio a una persona de nombre María Lusitania Vega, quien aseguró que el inmueble que adquirió en 2015 fue supuestamente invadido por Pangea y Supraterra para expandir su desarrollo inmobiliario Zakia, ubicado en El Marqués.
Tras iniciarse una demanda, un tribunal estatal resolvió la titularidad del predio en favor de Pangea y Supraterra, razón por la cual, Fagumi decidió iniciar acciones legales contra las 650 familias que habitan en el terreno disputado.
Tras ello, los propietarios de Zakia aseguraron que el terreno del fraccionamiento fue adquirido de forma legal, y acusaron a Olguín de querer “estafar” y “extorsionar” a los vecinos al amenazarlos con quitarles sus viviendas.
En un comunicado, Pangea y Supraterra aseguraron que son los legítimos propietarios de las 80 hectáreas y que los inmuebles están debidamente inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y ante los organismos de vivienda.
“En Grupo Supraterra ratificamos que la certeza de tu patrimonio se encuentra garantizada con la escritura pública de propiedad de cada condominio y cada vivienda debidamente inscritas en Registro Público y con los créditos que, en su caso, algunos residentes tramitaron ante Infonavit, Fovissste o instituciones bancarias para la adquisición de sus hogares. Te garantizamos que tu patrimonio está a salvo”, se lee en el escrito.
Pese a que actualmente no hay una sentencia que determine al legítimo propietario del terreno, el subsecretario de Gobierno de Querétaro, Martín Arango, afirmó que el fraccionamiento está debidamente registrado ante el Registro Público de la Propiedad, lo que da certeza a los demandados sobre su patrimonio.
