El estado de Querétaro reformó los decretos de creación del Sistema Municipal DIF en 9 municipios para que cuenten con una Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
Son los municipios de Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río y Tolimán los que contarán con dicha instancia a nivel local, cuyo propósito será el de brindar orientación y asesoría legal a niñas, niños y adolescentes cuando se afecten sus derechos humanos en materia familiar.
Desde la creación del Sistema DIF en 1986 no se habían reformado los decretos de dichos municipios, es decir, desde hace 37 años. Si bien ya existía la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en las demarcaciones, la nueva figura ampliará sus atribuciones para coordinar y dar seguimiento a las medidas de protección que los menores reciban de instancias como el DIF Estatal o la Fiscalía General del Estado.
“Debe existir una Procuraduría que promueva el respeto pleno de estos derechos a fin de que alcancen una vida digna, evitando que sean víctimas de violencia, explotación laboral, sexual y comercial, abusos, maltratos, daños, agresiones, adicciones, protegiéndolos incluso de la madre, el padre, tutores y toda persona que los tengan bajo su cuidado y custodia”, se lee en los decretos publicados en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
Los municipios mencionados se suman a Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Joaquín, Tequisquiapan y Amealco, los cuales ya contaban con la procuraduría de protección. En ese sentido, faltan Cadereyta, Colón y Huimilpan, que aún trabajan con una Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
“Es obligación de los municipios implementar las políticas y acciones necesarias para propiciar igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes en riesgo de calle, y que tengan acceso a servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar”, señalan los decretos.
