El gobierno estatal de Querétaro ofreció acompañamiento jurídico a las presuntas víctimas de un fraude relacionado con visas de trabajo a los Estados Unidos, en el que incluso habría participado un elemento de la Policía Estatal.
El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, informó que dio instrucciones al secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, para brindar asesoría legal a las personas, la mayoría de Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra, que aseguran haber pagado entre 10 y 15 mil pesos a sujetos que falsamente les prometieron tramitar su visa de trabajo.
“Aquí en Querétaro tenemos un centro para ayudarlos con abogados, con litigantes, y el estado los podrá acompañar. Ya instruí al secretario de Gobierno para que los acompañe”, dijo.
El mandatario estatal afirmó que el caso se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General del Estado, y confirmó que el policía estatal involucrado en la estafa fue dado de baja de la corporación, tal y como informó inicialmente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iován Pérez Hernández.
“Desgraciadamente, fueron defraudadas unas personas, donde inclusive se revisó y había un elemento de la Policía Estatal que ya fue sacado por la Fiscalía, ya fue despedido por supuesto, y estamos trabajando muy de cerca para ayudarlos en lo que necesiten”, sostuvo.
Explicó que la expedición de las visas de trabajo es una tarea que corresponde exclusivamente a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por lo cual llamó a los queretanos a acudir a dichas instancias y solicitar información para no caer en un engaño de esa naturaleza.
“Debemos entender que una visa a cualquier país no puede ser pagada a un particular, al contrario, tendrían que ir a la embajada y preguntar directamente. A veces las ganas de tener algo te da la esperanza de pagar a alguien para tener una visa u obtener otra cuestión que pueda ayudar, por eso es muy importante que se revise”, apuntó.
De acuerdo con el fiscal general, Alejandro Echeverría, a la fecha cerca de 70 personas han asegurado haber sido defraudadas por un monto total aproximado de 2 millones de pesos. Al menos tres personas han sido señaladas como presuntas responsables, aunque también, aseguró el fiscal, se está investigando la posible participación de servidores públicos.
