Activistas por los derechos de los animales impugnarán la nueva Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para el Estado de Querétaro, la cual fue aprobada en comisiones, el pasado 25 de julio, cuyo dictamen se espera que sea aprobado en pleno en los próximos días.
La abogada Mónica Huerta, enfatizó que esta intención surgió debido a las modificaciones en torno a las sanciones de crueldad y maltrato animal, ya que este último se redujo la sanción, puesto que, de pasar a ser sancionado de manera económica, penal y con trabajo comunitario quedó solo en sanciones administrativas.
“Estuve comentando con algunas directoras de refugios y activistas animalistas y todas coinciden en querer participar en la impugnación, y lo haríamos en conjunto en caso de que se apruebe en los términos que conocemos de esta iniciativa”, adelantó.
Con lo estipulado actualmente, en el Código Penal, remarcó que se tiene una mayor protección y sanciones mayores ante estas conductas, que lo que se propone en la nueva ley, incluso apuntó que no se incluyeron jornadas de concientización para personas agresoras, que son parte de las acciones de rehabilitación.
“Su iniciativa no está pensada, no leyeron el Código que tienen hoy en día, y no se dieron cuenta que es una reforma más sustancial a lo que propusieron. Ahora el quitar la penalidad al maltrato animal hay conductas de omisión, no van a ser sancionados con una multa, y los procesos administrativos no son efectivos”.
Alertó que, si bien las multas son una forma de sanción, son aplicables en función de la situación socioeconómica que puede ser conmutable por horas de arresto, pero que no es equiparable al daño y no frena este tipo de conductas.
De igual forma, observó que no hay claridad del recurso que se recaudará “por el sufrimiento de los animales”, ya que si bien habrá más en las arcas municipales no se destinarán acciones precisas para la tenencia responsable.
Aunque reconoció el marco legal sancionador del estado, también destacó que su efectividad se ha visto mermada por la falta de capacitación para atender este tema, pero sobre todo por la falta de peritos, lo que limita a que las denuncias avancen y se llegue a la justicia.
