El municipio de Querétaro contempla la opción de vender el Lienzo Charro “Constitución de 1917”, a diferencia de la administración pasada, cuya intención era mantener la propiedad del inmueble y ponerlo en arrendamiento. Así lo indicó el alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías (Felifer).
Y es que el recinto, construido en 2015, lleva más de 9 años en el abandono debido a problemas estructurales, ante lo cual Felifer afirmó que una de las opciones para echarlo a andar es rehabilitarlo. No obstante, aseguró que también estaría dispuesto a ponerlo en venta para ingresar recursos en favor de obras sociales, e incluso reveló que ya existen algunas ofertas por parte de asociaciones de charrería.
“Hay muchas opciones que se están explorando, ninguna es definitiva. Está desde que la propia administración lo rehabilite, también hay ofertas de comprarlo, incluso por parte de asociaciones de charros, estamos en ese examen. Todas las opciones son viables, tanto que el municipio lo rehabilite como que incluso se pueda comprar por alguien, tenemos ofertas, y también yo no lo descartaría, al final del día es dinero que la administración podría recibir para aumentar en obra, en programas sociales y muchas otras cosas, pero es algo que sigue en análisis”, dijo.
A finales del año pasado, el entonces alcalde Luis Nava se comprometió a restaurar el inmueble, ubicado a un costado del Parque Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui, para convertirlo en un centro de espectáculos. Sin embargo, dicho proyecto no se llevó a cabo, pese a que incluso se había proyectado una inversión aproximada de 45 millones de pesos.
El Lienzo Charro fue construido durante la administración de Roberto Loyola (2012-2015), con la intención de que la ciudad albergara el Campeonato Nacional Charro. Sin embargo, en su momento se detectaron diversas anomalías estructurales —que incluso derivaron en la caída de su techumbre—, por lo cual el inmueble quedó en desuso.
Desde su edificación, el recinto ha estado inmerso en diversas irregularidades. Por ejemplo, la obra iba a costar 67 millones de pesos en un inicio, pero el municipio terminó pagando 136 millones, lo que representó un sobrecosto de 157%. Además, en 2018 se detectaron anomalías en el proceso de construcción y licitación, por las cuales fueron sancionados 6 exfuncionarios y 3 contratistas.
En la administración de Marcos Aguilar, el municipio recibió una oferta de 140 millones de pesos por parte de una constructora; sin embargo, la operación se canceló a petición del gobierno estatal.
