En el marco del día del maestro, docentes conminaron al Congreso local, a promover la Ley Tessa, la cual busca garantizar un correcto proceso y “blindaje” contra calumnias o quejas sin sustento. Esto luego de casos como el de la maestra Teresa en San Juan del Río y Jorge Rico Chávez, quienes fueron señalados por faltas infundadas.
“No queremos impunidad, queremos justicia y que esa justicia sea en el derecho, si alguien se equivoca en el transitar de la educación, con justo derecho que tenga las consecuencias que deba tener. Nosotros queremos que se revalorice la imagen del maestro, justicia y dignidad para los trabajadores de la educación”, resaltó Ramón Arroyo.
Entre las propuestas, pusieron sobre la mesa la necesidad de genere un despacho jurídico independiente, así como capacitación para saber actuar ante situaciones que lleven al maestro o pongan en riesgo al maestro o a los trabajadores de la educación.
Anet Nieto, remarcó que debido a la falta de protocolos hay situaciones en los que no pueden intervenir para evitar sanciones como lo es, desde auxiliar a la niñez de preescolar cuando se hace del baño en su ropa, hasta el ingreso de armas y drogas a instituciones educativas.
En este sentido, la diputada Claudia Díaz, presentó una propuesta de iniciativa, en la que incluye reformas al Código Penal, a la Ley de Educación y a la Ley de los trabajadores del estado de Querétaro, para:
“Establecer un marco legal de protección integral frente a las denuncias falsas y garantizar el debido proceso administrativo y reconocer el contexto sensible en el que el personal docente desempeña su función”, compartió.
En materia penal se plantea, sancionar la denuncia falsa contra profesionistas en ejercicio de funciones públicas; en la ley de educación, se habla del debido proceso administrativa y medidas de protección laboral frente a actos de violencia, hostigamiento o señalamientos públicos no acreditados; mientras que en materia laboral se plantea modificar los procedimientos disciplinarios para garantizar que ningún docente pueda ser separado del cargo o sujeto a medidas cautelares sin la existencia de elementos objetivos, pero también mecanismos de reparación institucional.
“En Querétaro no se tolerará la discriminación y la criminalización ni el desprestigio de quienes se educan”, explicó al precisar que aún el proyecto tendrá algunos ajustes por lo que se espera presentarse en los próximos días.
Aunque solo se sabe que hay más 5 de casos ante la fiscalía general del estado, explicó que las medidas son para prevenir la suspensión, inhabilitación o daño a la reputación, cuando las quejas no estén fundamentadas.
