Los violentadores no solo deben quedar fuera de Morena, sino de todos los partidos políticos, sentenció Alejandro Pérez, secretario general del partido en el estado, esto al señalar que perfiles con antecedentes de esta naturaleza, como el caso reciente de Juan José Jiménez Yáñez, no deben tener presencia en la política.
“Por supuesto, no solo de Morena, sino de la política en general. No podemos estar tolerando que se utilice o se violente a las mujeres (...) Estas prácticas, donde el hombre se siente por encima desde su posición de privilegio, o el blanco sobre la persona de color, o el patrón sobre el trabajador, son actitudes que ya no pueden tener cabida”, expresó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano, el PRI o el PVEM, aceptaran a este perfil, y ante lo cual recordó que la ley es clara al no permitir que sean candidatos, quienes tengan estos antecedentes.
A partir de este caso, reafirmó el compromiso del partido a nivel nacional y estatal con la defensa de los derechos de las mujeres, subrayando que no se tolerará la violencia política en razón de género, y que se mantendrán respetuosos del órgano interno y del derecho de los señalados a recurrir a los recursos que consideren necesarios.
“El llamado hoy a todos los militantes, representantes y funcionarios públicos es a que deconstruyamos la forma de pensar de muchos y que reconozcamos lo que se debe históricamente hacia el papel de las mujeres”.
En este mismo sentido, la dirigente estatal Gisela Sánchez, explicó que había personas que señalaban que el exmorenista “tenía comportamientos muy violentos y misóginos”, inclusión narró un altercado en consejo con riesgo a llegar a la violencia física, por la inconformidad de quienes estaban presentes.
“Hay consenso en que queremos espacios 100% libres de violencia”, remarcó, al referir que tampoco se tolerará la discriminación, el racismo y todo lo que atente contra los derechos de las mujeres y de las personas en general.
No obstante, en caso de lograr cambiar esta expulsión, derivado de la impugnación, refirió que “todas las personas pueden rectificar su comportamiento”, y de darse esa posibilidad tendría que ser obligatoria la formación en derechos humanos para que cambie esta forma de actuar y que tenga el compromiso de no repetir un hecho similar.
