Ante la reciente presentación de la llamada “Ley Escudo” por parte del presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, en el Congreso local, el partido cuestionó la legislación, al considerar que es una propuesta que “llega tarde”.
El secretario general del partido, Alejandro Pérez Ibarra, remarcó que en Querétaro, desde el gobierno de Armando Rivera, la tierra se convirtió en un “botín” para muchos políticos y se permitió el “avorazamiento” en cambios de uso de suelo.
“Me parece que es una medida tardía. Hoy vivimos los queretanos, en muchos fraccionamientos, la irresponsabilidad de los desarrollos inmobiliarios”, expresó.
Suman más de dos décadas, en las que se permitió un crecimiento desorganizado en la zona metropolitana, que los desarrollos no hicieran las entregarán como lo estipula el Código Urbano o empresas que desaparecen jurídicamente, y que dió paso a un problema mayor para la ciudadanía, que es la carencias o deficiencias en los servicios públicos.
Recordó que al blanquiazul se le ha señalado al cartel inmobiliario en Ciudad de México, por lo que dijo se tendría que investigar “quiénes son verdaderamente en el fondo los desarrolladores” y qué intereses manejan.
“Me parece que es tardía, que es hipócrita la decisión que están tomando”, apuntó al tiempo que sentenció que Morena buscará poner orden, una vez que gobiernen.
Ante los comentarios de querer nombrar este proyecto como “Ley Chepe”, consideró que podría haber una intención “electorera”, ya que el alcalde ha sido nombrado como uno de los perfiles en la lista para la gubernatura a 2027.
“Nos parece que es curioso que uno de los aspirantes a la candidatura del gobierno del estado para 2027, el presidente municipal de Corregidora Josué Guerrero tome esta iniciativa en contra del desarrollo inmobiliario. Me parece que es una bandera electorera”, lamentó.
La propuesta, presentada el pasado lunes, busca regular el actuar de los desarrolladores inmobiliarios, estableciendo medidas como la prohibición para construir sin permisos, la obligación de entregar viviendas conforme a lo ofertado y la imposición de garantías para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los constructores, sin embargo, hasta el momento, la propuesta no incluye sanciones en caso de incumplimientos.
