Cuando la ley protege a las familias y no a los abusos, la política cumple su verdadero
propósito.
Y eso es justamente lo que logramos cuando el
Ayuntamiento y el Congreso trabajan de la mano.
Así ocurrió la semana pasada, cuando el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero; mi compañero diputado Toño Zapata y un servidor presentamos la “Ley Escudo”, una reforma al Código Urbano que busca dotar al municipio de mayores herramientas para garantizar que los desarrollos inmobiliarios cumplan lo que prometen, y que las familias vivan en entornos seguros, ordenados y bien planeados.
Porque pocas cosas brindan tanta tranquilidad como tener certeza jurídica sobre nuestro patrimonio. Pero más allá de un papel o una escritura, lo que verdaderamente importa es vivir en un entorno digno: con servicios públicos funcionales, calles bien trazadas, áreas verdes accesibles, espacios seguros para nuestras familias y colonias que realmente cumplan lo prometido al momento de adquirir una vivienda.
Acceder a una casa no es fácil, y ese esfuerzo merece ser protegido con seriedad, responsabilidad y con el compromiso de todos los actores involucrados.
Esta reforma nace de la participación ciudadana. Durante la campaña, miles de familias nos compartieron sus experiencias, preocupaciones y sueños. Les escuchamos y, lo más importante, transformamos esas voces en acciones concretas. La voluntad política existe cuando se traduce en soluciones reales para las personas.
Con la “Ley Escudo”, se pone un alto a los desarrolladores irresponsables. A partir de esta reforma, construir sin permisos o en zonas no autorizadas será considerado un delito penal. Además, por primera vez, el municipio tendrá la facultad de intervenir en la administración de fraccionamientos en casos de opacidad o cuando al menos el 30 por ciento de los vecinos lo soliciten.
A partir de ahora, los desarrolladores deberán dejar un terreno en garantía, asegurando que
terminen lo que inician. Se trata de construir con responsabilidad, pensando no solo en vender, sino en entregar espacios bien planeados, funcionales y verdaderamente habitables.
Hoy, en Corregidora existen 156 fraccionamientos, pero solo 65 han sido entregados formalmente al municipio. En el caso de los condominios, más de 600 aún no han sido entregados. Esto significa que miles de familias viven sin certeza jurídica, sin servicios completos, y en colonias inconclusas. Eso se acabó.
Hoy le decimos “basta” a quienes solo ven el desarrollo como un negocio, olvidando que detrás de cada casa hay una familia que hizo un enorme sacrificio para tenerla. Esta reforma es un acto de justicia para quienes han esperado por años una solución, y también un mensaje claro: en Querétaro se respeta la ley y se respeta a las personas.
Nuestro estado es una tierra de oportunidades, con un crecimiento dinámico que exige más y mejores viviendas. Las y los desarrolladores son aliados fundamentales para atender esa demanda, pero deben tener claro que su compromiso no
termina con la venta.Tienen la responsabilidad y obligación de construir bien, con visión de futuro y responsabilidad social.
Porque una Estado que protege el patrimonio de sus habitantes no solo construye viviendas, construye confianza.
Y en Querétaro, la confianza se respalda con leyes claras, autoridades responsables y desarrollos que cumplen lo que prometen.
Porque no solo se trata de construir casas, sino de construir un mejor futuro para todas y todos.
