El Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro anunció que ya se encuentra preparando un proceso legal para defender sus instalaciones en el municipio de Colón, luego de que estas fueran clausuradas por autoridades locales, el pasado sábado 14 de junio, acción que calificaron como “ilegal” y con claros tintes políticos.
Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo estatal del partido, denunció que se violaron tanto el reglamento municipal como la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que durante la clausura no se entregó físicamente una orden expresa ni se identificaron los funcionarios que realizaron la visita de inspección, como lo establece la ley.
Defendió que se cuenta con los documentos, por lo que el área jurídica emprenderá las acciones legales pertinentes para el retiro de los sellos, ya que no se puede exigir licencia de funcionamiento, ya que el inmueble en cuestión es una oficina privada sin actividad comercial, industrial ni de prestación de servicios.
La líder priista no descartó que esta acción forme parte de una estrategia política local para frenar el crecimiento del partido en la zona, por lo que dijo que sería importante conocer el estatus de las oficinas de otros partidos, como la de Movimiento Ciudadano, para verificar si se aplican los mismos criterios.
Pese a este incidente, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes del comité municipal, aunque tuvo que realizarse al exterior del inmueble.
En esta misma rueda de prensa, informó sobre la presentación de un juicio de derechos políticos electorales para impugnar la elección judicial, ya que remarcó que lo sucedido “no puede ni debe normalizarse”.
“Queremos una reforma, pero no está reforma, una reforma que no cuida lo más importante que es tener personas con credibilidad, preparación y ética en esos puestos donde no se toman decisiones sencillas”, subrayó.
Entre los datos que sustentan este recurso están el uso de acordeones, en donde se identificaron 37 modelos distintos pero que tuvieron coincidencia entre el 80 y 85% con los resultados electorales finales, además de 54.2 millones de votos nulos, el reconocimiento de anomalías en 3.7 millones de votos que fueron invalidados en 818 casillas, y el bajo porcentaje de participación del 13%.
