Temas políticos son los que se consideran que han limitado la posibilidad de que la Universidad Autónoma de Querétaro logre avanzar con una nueva ley orgánica, refirió la exrectora universitaria Teresa García Gasca.
Luego de la controversia generada por una propuesta de las diputadas Claudia Díaz Gayou y Rosalba Vázquez Munguía, García Gasca, remarcó que la ley vigente tiene más de 35 años, por lo que ya no responde a las necesidades actuales de la institución.
Sin embargo, recordó que durante su gestión ya se tenía un proyecto listo incluso avalado por las propias autoridades estatales, como la secretaría de gobierno y la secretaría de finanzas.
“Yo creo que sí es un tema político. Desde que estaba yo en la rectoría, ya el proyecto estaba listo, revisado por la secretaría de gobierno de entonces, la licenciada Lupita Murguía, y avalada también, además aprobada por el maestro Gustavo Leal, secretario de Finanzas, y sus grupos técnicos legales”.
La propuesta surgida de la comunidad universitaria tuvo observaciones para modificaciones, las cuales se realizaron, en aspectos como de retribución por el servicio de agua, pero al ser turnada a la oficina del gobernador, su entonces asesor legal, Victor de Jesús Hernández, señaló que se debían cumplir con foros y consultas, algo ya hecho por la institución, por lo que se informó de esto, sin embargo, ya no se obtuvo respuesta.
“De ahí empezamos todo el transitar, y en el 2023, en agosto del 2023, nos la detiene la oficina legal del gobernador, y de ahí en adelante quedó congelada. Entonces sí, por eso creo que es un tema político, porque ahí ya está la propuesta, y no se ha hecho nada por parte del gobierno para darle viabilidad”.
Aunque las legisladoras ingresaron una propuesta, agregó que es algo que ya se contenía la propuesta que “se dejó en el cajón” del Ejecutivo estatal, por lo que llamó a que ya se entregue el proyecto al Congreso local y pueda actualizarse esta norma.
Mencionó que no se comprenden los motivos por los cuales quedó “en pausa”, ya que busca dar más viabilidad a la universidad, puesto que incluye la armonización con los derechos humanos, género, inclusión, alfabetización digital, por mencionar algunos aspectos.
“Y no afecta de ninguna manera la relación con el gobierno del Estado, ni las finanzas tampoco, relacionadas con el presupuesto que el gobierno del Estado le da a la universidad, no veo yo la afectación. Así que lo único que yo veo ahí es un control político”.
La universidad, enfatizó que siempre ha tenido apertura al diálogo y la construcción, por lo que no debería obstaculizarse el trabajo propio de la institución.
Cabe mencionar que, en acuerdo con autoridades universitarias las legisladoras desistieron de continuar con la propuesta de reforma.
