Que el sector terciario quede fuera de la reducción de la jornada laboral, es la petición de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, al expresar su rechazo a esta reforma, toda vez que se considera que no es viable ni aplicable, debido a su impacto en la rentabilidad, el empleo formal y la operación cotidiana de miles de pequeños negocios.
El presidente del organismo, Eduardo Chávez Hidalgo, advirtió que una reforma laboral de carácter generalizado, que no considere la diversidad productiva del país, podría aumentar la carga fiscal, fomentar la informalidad y debilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Este cambio obligará a que se hagan ajustes de turnos, reducir ingresos por hora, lo que también implicaría mayor carga fiscal.
Por ello, subrayó que la reforma no debe ser pareja ni aplicada sin diferenciación sectorial, sin un diagnóstico técnico adecuado, una hoja de ruta de implementación y una visión que considere las particularidades de cada rama productiva.
Actualmente, sostuvo que el sector terciario en Querétaro concentra el 62.2% de la población ocupada, aportó el 80% de los nuevos empleos generados en el último año y tuvo un crecimiento del 5.6%, cifras que podrían verse comprometidas con dicha legislación.
A diferencia de la industria, explicó, el comercio y los servicios dependen del flujo constante de consumidores, atención extendida durante fines de semana y horarios nocturnos, lo cual hace especialmente difícil aplicar un esquema de jornada reducida sin afectar gravemente la operatividad.
Ante este panorama, se propondrá al Congreso de la Unión un posicionamiento conjunto con otras cámaras empresariales, con una serie de planteamientos para una transición viable, en donde resaltan: aplicación gradual diferenciada por sector, estímulos a la formalidad y apoyo tecnológico, reducción de carga fiscal y deducibilidad del Impuesto Sobre Nómina, creación de un Observatorio de Transición Laboral y Capacitación territorial y digitalización para las Mipymes.
En este mismo sentido, expresó su preocupación por el planteamiento de regularizar viviendas ocupadas de manera irregular, por lo que se apeló a que en estos trabajos se priorice los derechos de los trabajadores, y que se parta del respeto a la propiedad privada, al principio de seguridad jurídica y de debido proceso.
“Reconocemos la complejidad del problema heredado de viviendas abandonadas” expresó y dijo coincidir en que se requiere una solución estructural que combine legalidad, viabilidad financiera y justicia social, por lo que se evaluará esta propuesta, pero no deberán incentivar el uso de viviendas de manera irregular.
