La organización Vocer@s de la Madre Tierra A.C. presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), al advertir que el proyecto hídrico “El Batán” podría representar posibles violaciones al derecho humano a la salud y al interés superior de la niñez.
“No hay estudios públicos de impacto sanitario, ni evidencia de una evaluación técnica que compare alternativas más seguras. El principio precautorio exige actuar con responsabilidad cuando existen evidencias de riesgo, especialmente cuando está en juego la salud y el interés superior de la niñez”, señalan en el documento.
El colectivo informó que, el pasado 23 de junio, solicitó al organismo autónomo abrir una investigación sobre los posibles riesgos y omisiones en materia de salud pública y de protección a las infancias, derivados del diseño y posible implementación de este sistema.
Aunque el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo aún está en revisión por el Poder Legislativo, consideran como datos de alarma el uso de aguas residuales municipales, industriales y agrícolas para someterlas a tratamientos con el objetivo de destinarla al consumo humano.
Aunque reconocen que se utilizarán procesos como ozonificación y biorreactores de membrana, explicaron que la NOM-127-SSA1-2021, prohíbe el uso de aguas residuales como fuente para potabilización, pero además aseguraron que en dicho proyecto no se están contemplando contaminantes emergentes, como antibióticos, hormonas sintéticas, disruptores endocrinos, PFAS, pesticidas y microplásticos, los cuales podrían permanecer incluso después de procesos avanzados de tratamiento y generar daños a la salud.
Por ello, también se piden medidas precautorias para suspender cualquier acto administrativo o de ejecución del proyecto hasta que se garanticen condiciones seguras, y la emisión de una recomendación pública dirigida a las autoridades responsables para adoptar medidas correctivas para realizar consultas técnicas y sociales adecuadas.
Al respecto, el presidente de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, confirmó la solicitud de este documento, sin embargo, aclaró que se está en la revisión de la procedencia, toda vez que las facultades de la Defensoría y su capacidad de actuación se dan cuando hay actos u omisiones a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
“Estamos revisando la información que nos fue proporcionada para determinar si existe un acto concreto, atribuible a una autoridad pública, que se pudiera constituir como una violación a los a los derechos humanos”, ahondó.
No obstante, aunque no existe un acto concluido o específico, se está revisando para evaluar si pudiera haber o no algún tipo de intervención por parte del organismo autónomo.
Cabe señalar que, el Congreso local está haciendo la revisión de esta propuesta por parte de las Comisiones Unidas de Planeación y Presupuesto y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, las cuales tienen previsto realizar un foro ciudadano con especialistas este viernes 27 de junio, y hasta el momento no se cuenta con una fecha para aprobar un dictamen y someterlo a votación en pleno.
