Las recientes reformas a la Ley Federal de Seguridad Nacional, incluyendo la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional, han desatado una controversia y preocupación general.
Presentadas como supuestas medidas para fortalecer la seguridad, esconden riesgos graves para los derechos humanos, la democracia y las libertades.
Primero, contemplan una vigilancia masiva sin control. Las leyes permiten a las autoridades acceder a datos sensibles como biométricos, telefónicos, bancarios, sin candados claros.
Esto abre la puerta al espionaje por parte del gobierno, amenaza clara cobra la privacidad y la libertad.
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Segundo, una Militarización al extremo, el transferir la Guardia Nacional a la Sedena elimina el mando civil y amplía el fuero militar.
Con facultades para intervenir comunicaciones, geolocalizar en tiempo real y vigilar redes sociales, se refuerza un modelo autoritario que puede usarse contra opositores o activistas, no solo contra el crimen, sino contra cualquier ciudadano que el gobierno quiera.
Estas reformas también son un ataque directo al federalismo. La capacidad del Ejecutivo para suspender recursos a estados y municipios que no cumplan acuerdos de seguridad concentra el poder y debilita la autonomía local.
Además legitima la opacidad legislativa de la que ya tenemos, pues las reformas se aprobaron con un proceso apresurado, sin análisis de fondo y evidentemente mal hecho.
Estas reformas no solo fallan en resolver la inseguridad, sino que nos acercan a un Estado autoritario. La ciudadanía, junto con legisladores y organizaciones, deben levantar la voz, no podemos, ni debemos permitir que la libertad sea el precio de la seguridad.