La diputada federal Abigail Arredondo, del grupo parlamentario del PRI, denunció con firmeza la reciente aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovida por Morena, calificándola como un retroceso grave que pone en riesgo la libertad de expresión, la privacidad de las personas y la pluralidad informativa en México.
“Nos dijeron que querian protegernos de contenidos nocivos del extranjero, pero en realidad lo que buscan es quedarse con el control total de los medios y de lo que vemos, decimos y pensamos”, señaló Arredondo Ramos.
Una reforma regresiva disfrazada de modernización
La diputada recordó que, con la reforma constitucional de 2013, se logró un avance significativo en materia de telecomunicaciones: se garantizó la neutralidad de la red, se creó un organismo autónomo e independiente como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y se fortaleció la libertad de expresión y la competencia en los medios.
Hoy, todo eso esta siendo destruido por Morena
“El IFT no era un capricho del gobierno, fue una conquista ciudadana. Morena lo eliminó, y ahora todo el poder de decisión lo tendrá una sola oficina que depende directamente del Presidente”, denunció.
La nueva ley entrega a la llamada Agencia de Transformación Digital, dependiente de la Presidencia, el poder de otorgar o quitar concesiones de radio, televisión e internet. Esto abre la puerta al amiguismo o, al clientelismo y al control político de los medios, algo totalmente contrario a una democracia sana.
Además, exige a los proveedores de servicios la retención obligatoria de datos personales, geolocalización y metadatos de las personas usuarias, permitiendo al gobierno acceder a nuestras conversaciones y llamadas sin controles claros.
“Con esta ley, mexicana y mexicano, el gobierno podrá revisar lo que hablas, lo que escribes, lo que ves. Esto no tiene cabida en una sociedad libre, es propio de regímenes autoritarios”, advirtió la legisladora.
Abigail Arredondo también criticó que esta ley se haya aprobado sin una consulta amplia y transparente con la sociedad civil, con expertos en derechos digitales ni con usuarios. Una ley de este calibre debió construirse desde el consenso, no desde la imposición.
“La libertad de expresión no se negocia, no vamos a permitir que la censura se disfrace de protección, esta ley es peligrosa, injusta y contraria a nuestros derechos”, sentenció.
