Seis exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) están siendo investigados por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos por más de 320 millones de pesos, derivado de contratos celebrados entre 2012 y 2018 con las dependencias Fonacot, Banobras y el Conacyt.
Los convenios fueron firmados por la universidad para la prestación de servicios tecnológicos como mantenimiento, desarrollo y mejora de software. Sin embargo, auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020 concluyeron que dichos servicios no fueron ejecutados.
Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Dinero. Actualmente se encuentran en curso dos carpetas de investigación: la primera, iniciada en diciembre de 2020, está registrada bajo el número FED/FECC/FECCQRO/0000765/2020; la segunda, más reciente, está integrada como FED-FEMCC-QRO-236-2025.
La UAQ subcontrató más del 70% del total de los recursos asignados, rebasando el límite del 50% establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las empresas beneficiadas por estas subcontrataciones fueron Navit, Intellego, Accenture e Inzivaty, todas ellas señaladas previamente en investigaciones periodísticas y fiscales por su participación en esquemas similares, como los que integraron la denominada “Estafa Maestra”.
Los exfuncionarios de la UAQ señalados en el proceso son Alonso Cárdenas Alarcón, entonces responsable de proyectos de tecnologías de la información; Eusebio Ventura Ramos, director de vinculación tecnológica y proyectos especiales; Rosalba Rodríguez Durán, secretaria de la Contraloría y vocal del Comité de Adquisiciones; Edgar Arturo Quevedo Martínez, director de Ingresos y Tesorería; José Antonio Robles Hernández, secretario de Finanzas; y Jaime Ángeles Ángele, secretario de Administración. Todos ellos aparecen en los registros de los convenios firmados y en las gestiones internas de adjudicación, contratación y seguimiento de los recursos asignados.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el excontralor universitario José Alejandro Ramírez Reséndiz, quien entregó documentación interna de la universidad ante la FGR. Esta documentación, junto con informes de auditoría, forma parte del expediente que ahora integra las dos carpetas mencionadas. Parte de estos documentos se encuentra en poder de Publimetro Querétaro.
Las investigaciones incluyen el rastreo de transferencias, análisis de beneficiarios finales y revisión de responsabilidades administrativas y penales. El caso presenta elementos coincidentes con el modus operandi descrito en otras investigaciones federales sobre el uso de universidades públicas para la triangulación de recursos mediante subcontrataciones irregulares.
