Organizaciones y colectivos ciudadanos ingresaron este lunes una solicitud formal de audiencia pública para discutir el proyecto Sistema El Batán, entregado a la Legislatura local el pasado 4 de junio. El documento, fue entregado ante el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, en donde dijeron que cuenta con el respaldo de más de 613 firmas.
Con esta solicitud remarcaron que buscan abrir puentes de diálogo, en donde se cuente con información amplia y transparente sobre el proyecto, principalmente en torno a la viabilidad financiera del modelo de Asociación Público-Privada, los posibles riesgos sanitarios y ambientales del uso de agua tratada para consumo humano, la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo ciudadano independientes, la presentación de alternativas sustentables como la regeneración de cuencas, el control de fugas y el intercambio de aguas para priorizar el uso humano.
“Se exhorta al sistema de consejos estatales a dar pronta respuesta a esta solicitud para activar el mecanismo de audiencia pública conforme a la ley. Esta audiencia busca ser un precedente histórico en el ejercicio de los derechos de participación establecidos tanto en la Constitución local como en el Acuerdo de Escazú, contribuyendo a una toma de decisiones más informada, justa y transparente en asuntos ambientales de alto impacto”, destacó Mar Marín de Netas Ciudadanas.
La solicitud incluye condiciones mínimas para la audiencia, como la difusión previa y comprensible de la información técnica, convocatorias con anticipación suficiente, horarios accesibles para personas trabajadoras y dinámicas participativas que permitan la intervención directa de la ciudadanía, así como mecanismos de seguimiento ciudadano tras la audiencia.
Entre las organizaciones firmantes destacan: Awuita Vida y Territorio, Café para la Paz, Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, Ciclismo Urbano, Colectivo Cascadas, Cuidadanía Querétaro, Justicia Digna, Netas Ciudadanas, Voceros de la Madre Tierra, entre muchas otras.
Daniel Muñoz, director del Centro Estatal de Participación Ciudadana, explicó que se revisará el documento ingresado y en caso de cumplir con los requisitos legales de determinará la procedencia, aunque no se estipuló un plazo para emitir respuesta, los colectivos apelaron a que no exceda los 10 días.
De manera paralela, convocaron a un foro el próximo 22 de julio a las 17:00 horas en el auditorio CII de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos, y que congregará a especialistas y ciudanía en general.
Este espacio tendrá dos vertientes: una mesa técnica con especialistas y mesas de diálogo abiertas con la ciudadanía, con un enfoque propositivo y de construcción de alternativas, explicó Francisco Landa, de Awuita Vida y Territorio.
La activista Mari Carmen Jiménez, señaló que no se descarta analizar el tema de la ausencia de mecanismos para garantizar la justicia social ante alguna eventualidad, y la responsabilidad legal de quienes propusieron y aprueben el proyecto, si llegase a representar un riesgo a la salud pública.
