Quienes ofrezcan servicios educativos sin contar con reconocimiento oficial, en Querétaro podrían enfrentar penas de 4 a 8 años de prisión, además de multas y sanciones administrativas, destacó el diputado local Enrique Correa Sada, durante la presentación de una iniciativa de reforma al Código Penal.
El objetivo de este planteamiento es sancionar a “las personas propietarias y administradoras de instituciones que presten servicios educativos sin contar con la autorización o Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) previstos en la Ley”.
La iniciativa presentada por el Grupo Legislativo del PAN tipifica, en la fracción XXIII del artículo 194, esta forma específica de fraude, y señala que en caso de reincidencia la pena “se incrementará de una a dos terceras partes”.
“Las sanciones van de los 4 a los 8 años de prisión (8:00) más la reparación del daño y las multas a las que puedan ser acreedores por la vía administrativa”, precisó.
En los últimos años, dijo que se han detectado escuelas “patito” que han hecho este tipo de engaños, haciendo que las personas pierdan tiempo, dinero, y sobre todo dañando moral y espiritualmente a las personas, ya que desmotiva y es factor de la deserción escolar.
Desde 2016 a la fecha se han detectado decenas de casos de escuelas irregulares en Querétaro, San Juan del Río y Jalpan, en ese año hubo reporte de 25 instituciones que no contaban con Validez Oficial; en 2019, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió al menos 22 denuncias por instituciones sin reconocimiento; en junio de 2024 la Secretaría de Educación Estatal alertó sobre páginas que ofrecían certificados de bachillerato en dos meses, sin respaldo legal.
Actualmente, la sanción para estos casos se limita a la vía administrativa o se procesa como fraude genérico, pero al tratarse de una actividad delicada existe necesidad de aumentar las penas.
“Esta iniciativa tiene dos objetivos. El primero es dotar de herramientas a las autoridades en nuestra entidad para que cuenten con un delito específico que no se nos puede escapar a nadie que realice esta actividad ilícita de engañar y defraudar a los estudiantes. Pero la segunda también es generar una conciencia ciudadana, para que revisen la validación adecuada de la institución”.
Además, invitó a la población a verificar que las instituciones cuenten con estos registros ya sea en la dirección de Educación del estado o en la Secretaría de Educación Pública Federal.
Las denuncias dijeron que se pueden presentar en cualquier agencia del Ministerio Público, en Dirección de Educación del Estado o directamente en la SEP, incluso de forma anónima y en línea.
