La Universidad Autónoma de Querétaro se mantiene atenta ante los requerimientos de la autoridad judicial para colaborar con la investigación que se abrió en el 2020, por presunto desvió de recursos, durante la gestión del exrector Gilberto Herrera Ruíz.
Se trata de una investigación por presunto desvió de recursos que fue presentada por la administración universitaria anterior, a través del entonces contralor, por presunto desvío de 320 millones de pesos, cuyo proceso sigue abierto.
La rectora Silvia Amaya Llano, destacó que no es un proceso nuevo y la universidad ha respondido a todos los requerimientos de información a través de la Oficina del Abogado General.
“Al final es un proceso que está abierto y debido a ello, dado que se están haciendo indagatorias, se está recabando la información que se requiere a través de nuestro abogado general, es que se han respondido a las solicitudes que la Federación nos ha solicitado”.
Al momento, aclaró que solo se ha citado a diferentes personas, pero no ha habido separación de personal, ya que reiteró la investigación sigue en curso y no hay información oficial sobre cuántos universitarios continúan activos.
Sobre la relevancia del caso, destacó que como universidad pública la UAQ debe ser transparente en el manejo de recursos federales y estatales, por lo que reiteró su compromiso y deber moral para coadyuvar y facilitar toda la información necesaria.
Dijo desconocer los motivos por los cuales la investigación se emprendió en 2020 cuando los hechos se refieren a situaciones de 2011, asimismo comentó no haber tenido contacto con el exrector Gilberto Herrera para conocer su postura.
Ante la controversia política generada con el exrector y hoy diputado federal de Morena, a quien se le adjudica responsabilidad en el tema, por parte de representantes, principalmente, de Acción Nacional, la dirigencia estatal llamó a dejar el asunto en manos de las autoridades correspondientes.
Alejandro Pérez Ibarra, secretario general en el estado, consideró que ha habido declaraciones fuera de lugar, por lo que invitó a que sean las autoridades las que determinen si existió algún tipo de delito y que se generen responsabilidades.
