La creación de una Comisión Presidencial para la reforma electoral no es, como algunos suponen, una invención para darle una salida gentil a Pablo Gómez de la UIF: es mucho más; tampoco es una “aplanadora” oficialista que vaya a apropiarse sin más del sistema electoral mexicano: es mucho menos.
Esa comisión anunciada por Claudia Sheinbaum busca, con pronóstico reservado, participar desde Palacio Nacional en la destrucción del sistema electoral mexicano, la cual se gestiona, acuerda y está sucediendo en el Poder Legislativo, no en el Ejecutivo, desde hace siete años.
Desde el ascenso de “morena” al poder, el consenso señaló (acertadamente) que ese partido político no era tal, sino una suerte de muégano de grupos relegados durante el periodo así llamado “neoliberal”, unidos para tomar por asalto los poderes de la Unión; se dijo entonces, con razón, que “morena” no tenía la estructura ni la disciplina que habían distinguido a su antecedente más cercano, el Pri, y que eso provocaría al régimen continuas luchas intestinas. Así ha sido y la captura del sistema electoral mexicano, disfrazada de reforma, no será una excepción.
En ese entendido, la comisión de Sheinbaum no es el director de esa orquesta destructiva; ni cerca. Es apenas un esfuerzo por no ser marginada del nuevo reparto de poder electoral que, como es obvio y natural, sucede en el poder legislativo, en el que la presidente no cuenta con aliados y no contará con ellos en todo su sexenio, pues quienes la colocaron en el cargo se aseguraron de llenar el congreso con representantes de otros grupos internos de “morena”, que muy probablemente repetirán en el cargo al no haber sido eliminada la reelección inmediata sino hasta 2030.
Así pues, la sociedad mexicana será testigo de otro proceso convulso, ahora para coronar la captura del sistema electoral, que permita al régimen dormir tranquilo cuando, agotados los ahorros de 30 años del Estado Mexicano y colapsadas las fuentes de financiamiento, deba cerrar la llave a los apoyos directos con los que ha comprado la de por sí endeble conciencia cívica de muchos mexicanos.
Y digo “testigo”, porque a la gran masa de votantes en México la captura del sistema electoral no parece preocuparla, mucho menos ocuparla, por lo que en este proceso no la veremos en otro rol aparte del de espectador. Si la demolición del sistema de salud (del cual depende su calidad de vida) no activó a la sociedad en contra; si la captura del Poder Judicial (del que depende la certeza jurídica de sus actos) le pasó de noche a la inmensa mayoría de votantes; y si la aterradora inseguridad de la cual dan cuenta medios y redes sociales todos los días, no logra conmover a suficientes mexicanos en contra de las decisiones de este régimen omiso... ¿por qué habría de hacerlo algo abstracto como la libertad y fiabilidad al momento de votar?
Quien se preocupe y, mejor aún, se ocupe con los temas cívicos y electorales, agrúpese en su comunidad con otros iguales y concéntrese en la ley e instituto electoral locales; olvídese, por favor, de la Comisión Sheinbaum y todo en la esfera federal: ahí las nociones, los discursos, las dinámicas son demasiado abstractas para que las entiendan más o menos de igual forma suficientes habitantes; en el ambiente local, concreto y cercano, se puede aspirar a un consenso útil oportuno que le ponga un cerco a la destrucción.
CAMPANILLEO
El consenso nacional que necesitamos hoy requiere mucho daño para formarse; sí: todavía más. No sucederá a tiempo.