Para erradicar la cobranza extrajudicial ilegal en el estado, diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa para reformar al artículo 157 Bis del Código Penal para tipificar y sancionar a quien use la violencia física o moral para exigir el cobro en los préstamos conocidos como “gota a gota”.
Precisaron que no se está buscando prohibir los créditos, sino los métodos de cobro violentos o intimidatorios, por lo que se propone imponer prisión de dos a seis años y de 350 a 500 días de multa a quien ejerza estas acciones, pernas que se agravarían si el agresor es parte de una organización delictiva, o si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad, en donde alcanzaría hasta los nueve años de prisión.
Dicha propuesta, apuntó que ataca cinco frentes: fortalece la seguridad pública y se previene la proliferación de grupos criminales que amenazan la tranquilidad social, protección al patrimonio de familias y comercios, atención a grupos vulnerables, es una herramienta legal más eficaz para la fiscalía, y castiga de forma clara la violencia en el cobro de deudas.
Guillermo Vega, detalló que, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en 2023 se observó que el 16.7% de las extorsiones denunciadas en México correspondió a esta modalidad, por lo que remarcó la importancia de este tipo de iniciativa. Este tipo de practicas se concentró en seis entidades del país, entre ellos Querétaro, reconociendo tener información de esto en municipios como Querétaro y San Juan del río, principalmente en el sector comercio, cuyos montos prestados suelen ir de mil a 50 mil pesos, aunque se han detectado casos de hasta 200 mil, con intereses que van desde el 20 y alcanzan hasta el 50% mensual, lo que vuelve las deudas impagables.
“Los préstamos son legales porque una persona presta y el otro acepta, pero lo que es ilegal son los métodos que se utilizan para cobrar este este tipo de dinero. Hemos tenido desde luego denuncias que son lo que motivan la presentación de esta iniciativa”, mencionó.
Enfatizaron que hay antecedentes en otros países como Colombia, donde surgió este esquema y que se utilizó por grupos criminales para lavar dinero y generar redes de control social y económico.
Con esta reforma, dijeron que Querétaro sería pionero en el país al tipificar de forma específica este delito.