El colectivo “Equidad y Justicia”, junto con representantes legales de presuntas víctimas, denunciaron la existencia de al menos 310 casos de extorsión y delitos sexuales fabricados por la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), en supuesto contubernio con el programa Corazones Mágicos de la Fundación Vida Plena I.A.P.
De acuerdo con los denunciantes, personal de la unidad, ubicada en la colonia Fraternidad de Santiago, habría creado un “modus operandi” para promover falsas acusaciones de abuso sexual infantil contra hombres “adinerados” y después extorsionarlos en la etapa de reparación de daños.
Para ello, los funcionarios involucrados habrían utilizado el programa “Corazones Mágicos” de la Fundación Vida Plena, una organización civil dedicada a la protección de menores víctimas de abuso sexual, con la cual la Fiscalía firmó un convenio de colaboración en marzo de este año.
Daniel Arnold Gutiérrez, abogado del despacho Ceoforense y encargado de 20 casos, explicó que en el ‘modus operandi’, la Fiscalía inventaba declaraciones de abuso a través de testigos y se las atribuían a un menor. Después, durante la investigación, los fiscales canalizaban el caso a Corazones Mágicos para que este manipulara al menor mediante peritajes y pruebas psicológicas apócrifas, haciéndole reconocerse como víctima de abuso sexual.
Al final, dicha “resolución” de Corazones Mágicos era usada como prueba de un delito para orillar a los inculpados a aceptar un procedimiento abreviado, con un monto económico de por medio como reparación de daño.
“¿Qué hacen con las personas? Una extorsión, toman ahí a una persona, le imputan un delito, toman al menor, y aquí es donde está lo grave, como un instrumento artificioso de conocimiento. Toman al niño como una rata de laboratorio para decirle lo que le llamamos en psicología la falsa memoria. Al niño lo llevan a Corazones Mágicos y le dicen ‘te abusaron, te abusaron, te abusaron’ (…) hasta que el niño hace esa falsa memoria, ese falso conocimiento, y del niño sacan las cosas que quiere un fiscal”, dijo.
Los denunciantes señalaron a cuatro trabajadoras de la Fiscalía de estar involucradas en la “red criminal”: Ana Gabriela Salazar Rangel, Fabiana López Hernández, Marcela Díaz Torres y Karla Fernanda Rivera Escalona.
Jorge Montoya Rodríguez, también abogado de Ceoforense, señaló que las funcionarias ya fueron denunciadas ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía desde junio pasado. Sin embargo, acusó al órgano de querer encubrirlas.
Los abogados deslindaron del asunto al fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, al sugerir que probablemente esté siendo “traicionado” y no esté informado sobre el tema. No obstante, pidieron su intervención para que dentro de la Unidad 4 se realice una investigación de los casos, pues señalaron que algunos imputados están llevando a cabo su proceso en prisión.