Diputados locales de Morena anunciaron una propuesta integral de reforma a la Ley en materia de Agua en el estado, ya que señalaron su función no es generar proyectos de infraestructura sino fortalecer el marco normativo, esto como propuesta alternativa para abonar en el problema hídrico del estado.
En ese sentido, señalaron que esta reforma será discutida y enriquecida en foros públicos y bajo un esquema de parlamento abierto, y el primer encuentro está programado para el próximo 4 de septiembre, con convocatoria abierta a la sociedad civil, colectivos, ambientalistas, técnicos y académicos.
Entre los ejes que buscan proponerse en esta reforma destaca: inversión obligatoria en infraestructura hídrica, con lo que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) tendría la obligación legal de destinar sus ingresos a mejorar infraestructura y servicios en todo el estado, con especial atención a regiones marginadas como la Sierra Gorda. Creación de un órgano autónomo, y es que se busca conformar un organismo independiente con capacidad técnica y la participación de la sociedad civil, que supervise de manera transparente el uso de los recursos de la CEA y la ejecución de obras. Tarifas justas y reguladas, por lo que se pide que se establezcan criterios claros para la fijación de cuotas, a fin de evitar cobros excesivos que hoy alcanzan hasta los 50 mil pesos por contrato, refirió la diputada Blanca Benítez.
Uno de los temas de mayor atención es la prohibición del uso de aguas residuales para consumo humano, como se está buscando con el proyecto El Batán, homologando con ello la Norma Oficial Mexicana 127, explicó el diputado Eric Silva.
En este sentido, apuntaron que la CEA tendría facultades para reducir o cancelar concesiones a empresas en caso de sequía o escasez, garantizando que el agua de los pozos se destine primero a la población. Asimismo, se busca crear el sistema estatal de información y un registro público de concesiones, que permita a la ciudadanía conocer cuántas existen, en dónde se aplican y denunciar tomas ilegales, además de estipular los casos en los que se podrán revocar concesiones o imponer sanciones ante algún incumplimiento con el tratamiento de aguas o normas sanitarias.
“Más que un candado, más que una prohibición porque no es de interés el tema de prohibir o no un proyecto, el interés que tenemos es arreglar el problema de estrés hídrico en Querétaro, esa es nuestra prioridad”, defendieron.
Esto al precisar que el proyecto Batán no cuenta con los votos necesarios debido a sus fallas en la normativa, así como en aspectos técnicos y financieros.