Querétaro

Hasta 8 años para quienes cometan amenazas en Querétaro

Durante esta semana entró en vigor una reforma al artículo 155 del Código Penal del estado, que establece aumentos de penas para quien intimide con hacer daño a una persona o a sus familiares.

Imagen de una amenaza, no corresponde al hecho
Imagen referencial. /Cortesía. (Envato)

Durante esta semana, entró en vigor la reforma al artículo 155 del Código Penal del Estado de Querétaro, que establece penas de hasta 8 años de prisión para personas que cometan amenazas. Esto, luego de haberse publicado la ley en el periódico oficial del estado “La Sombra de Arteaga”.

La nueva ley establece de uno a tres años de prisión, así como trabajos a favor de la comunidad por hasta 6 meses y de 100 a 300 días multa para quienes intimiden a otra con causarle un mal a su persona, sus derechos, bienes o a sus familiares —incluyendo cónyuge, concubina o concubinario—.

Anteriormente, el artículo imponía de tres meses a un año o trabajo a favor de la comunidad por 6 meses. Sin embargo, la reforma —promovida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital— establece agravantes en diferentes escenarios.

Al que continúe con las amenazas, aún cuando las autoridades ya tengan conocimiento de los hechos o se violen las medidas cautelares, la sanción se incrementará hasta en una mitad.

También, si el que comete la amenaza cumple con ella, la sanción será de 3 a 5 años de cárcel, adicionales a los que correspondan por los delitos cometidos. Además, si las amenazas van dirigidas hacia autoridades o testigos dentro de un procedimiento penal, el castigo será de 4 a 8 años, trabajos a favor de la comunidad hasta por 12 meses, y de 400 a 600 días multa.

El delito se perseguirá a petición del ofendido; sin embargo, cuando este sea menor de edad, mayor de sesenta años o persona con discapacidad, se perseguirá de oficio y la sanción se incrementará hasta en una mitad.

Cabe mencionar que la reforma fue aprobada el pasado 10 de julio durante sesión de pleno en el Congreso Local, con el objetivo de “prevenir delitos como feminicidio, homicidio, violencia familiar, violencia de género, así como proteger la libertad y tranquilidad de las personas”, según su proponente Ospital Carrera.

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