En Querétaro hay 50 carpetas de investigación por presuntos fraudes inmobiliarios, que involucran a 250 personas y representan un monto cercano a 50 millones de pesos, informó el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el congreso local, en el marco de aprobación de la Unidad Central de Delitos Patrimoniales dentro de la Dirección de Investigación de la fiscalía general del estado.
Dicha unidad se encargará de investigar delitos patrimoniales de alto grado de complejidad, considerando el número de víctimas o la magnitud de la afectación social, para el cual deberá contar con recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios, conforme a la normatividad y disponibilidad presupuestaria.
El documento destaca que los delitos patrimoniales, como fraude, abuso de confianza, extorsión o despojo, impactan directamente en el derecho a la propiedad y que su recurrencia, especialmente en personas mayores, por lo que se requiere de mayor atención institucional, y con esta unidad se busca garantizar una investigación más estable, ágil y efectiva, fortaleciendo la protección del patrimonio de las personas en Querétaro.
“Pero sí es importante destacar que no hay ese cártel inmobiliario. Hay solo 250 personas, no son los miles que se manejan por parte de algunas activistas. Y el monto es cercano a los 50 millones de pesos de lo que se está denunciando, especialmente son terrenos”, justificó.
Tras reunirse con el fiscal general y compartir esta información, Vega Guerrero, rechazó que en el estado exista un “cartel inmobiliario”, como lo ha señalado la oposición, particularmente representantes de Morena, un discurso que dijo busca “culpar y “enlodar” al Partido Acción Nacional.
“Una cantidad, por supuesto, importante y que la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Pero no existe ese panorama trágico que quiere manejar la oposición, especialmente gente de Morena. No existe tal cártel. Hay, desde luego, desavenencias entre compradores y vendedores”.
Argumentó que, incluso en algunos casos se trata de diferencias contractuales que corresponden a la Procuraduría Federal del Consumidor, como inconformidades por calidad o condiciones de compra, por lo que no se puede generalizar, ya que las mayoría de los fesarrroladores son serios y los incumplidos representan una minoría.
En este mismo sentido el panista Antonio Zapata Guerrero, calificó este discurso como un tema “netamente político” y rechazo la existencia de este tipo de situaciones, e incluso destacó que Querétaro sigue siendo atractivo y el crecimiento inmobiliario está consolidado con buenas empresas, pero cuyo mayor reto es el abastecimiento de agua.
“Yo lo visualizó como un tema netamente político”.
Frente a la percepción negativa generada, sostuvo que lo fundamental es fortalecer los mecanismos de regulación y garantizar certeza jurídica a los compradores y evitar que haya lagunas.
Asimismo, llamó a la ciudadanía a que antes de adquirir una vivienda, especialmente en preventas, revisen dónde se comprará, si el fraccionamiento cuenta con permisos autorizados y condiciones legales.