El municipio de Cadereyta se prepara para impulsar la municipalización del servicio de agua, con la expectativa de que en septiembre pueda llevarse a cabo un plebiscito que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre el tema, detalló la presidenta municipal Astrid Ortega.
La intención es presentar formalmente la solicitud ante el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ), y con ello determinar el rumbo que se deberá seguir en la búsqueda de la justicia hídrica.
“Estoy confiando en que este septiembre ya se pueda realizar el plebiscito para informar y para cuestionar a las y los ciudadanos sobre la municipalización del agua”, comentó.
Aunque reconoció amabilidad por parte del titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), señaló que poca información se ha podido lograr en torno a este tema y algún diagnóstico sobre la situación en su municipio, ya que la mayor parte de los datos son de carácter “reservado”.
“Pues prácticamente no nos contestaron nada, casi todo está reservado, entonces, pues así no es posible avanzar mucho”.
Actualmente, se estima que al menos 11 localidades carecen de infraestructura básica para acceder al agua potable, lo que constituye uno de los principales fundamentos de la propuesta de municipalización.
Aunque dijo desconocer si existen proyectos para avanzar en la infraestructura y cobertura, hay compromisos previos con la delegación de Maconí, que engloba algunas de estas localidades, pero hasta el momento no hay un avance concreto.
Remarcó que como administración municipal se está buscando lograr esta meta, puesto que ahora sería la propia gente de Cadereyta, la que tuviera la posibilidad de brindar y fortalecer el acceso al agua para las personas que más lo necesitan y que pareciera que no “importan en las grandes ciudades”.
“Sería un acto de justicia hídrica, y justicia social también”, subrayó al remarcar que, aunque no se obtenga una repuesta favorable por el órgano electoral, esta consulta si realizará antes de que culmine el año.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, debe entregarse una solicitud en la que se describa el acto, justificar su trascendencia y proponer la pregunta. Solo si lo pide la ciudadanía, debe acompañarse con firmas y respaldo de al menos 0.2% de la lista nominal (estatal o municipal). Posterior a ello, el Instituto Electoral del Estado revisará la solicitud, determinará su procedencia y organizará el proceso, y el resultado será vinculatorio si participa al menos el 30% del electorado y la mayoría se pronuncia en un sentido; será indicativo si no se alcanza ese porcentaje y si el acto es rechazado, no podrá emitirse un acto igual durante un año.