Querétaro

RNOA no debe ser “enunciativo”, Querétaro tiene 118 personas registradas: Braulio Guerra

En Querétaro se pagan 540 millones de pesos anuales en pensiones alimentarias.

Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).
Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). /Cortesía.

En Querétaro hay 118 personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), sin embargo, de estas solo una persona cumplió con el pago de esta obligación, desde la creación del padrón, detalló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra, quien comentó que este registro no debe ser únicamente “enunciativo”.

Actualmente, puntualizó que el estar inscrito no representa alguna consecuencia jurídica, por lo cual se requieren “dientes” para obligar a cumplir con este derecho de la niñez y adolescencias. Además, agregó que hay 10 mil 300 personas inscritas en procesos de consignación de pensión alimentaria, lo que representa un flujo anual de 540 millones de pesos destinados al cumplimiento de estas obligaciones.

“Esto está sucediendo porque encontrarse en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no les representa ninguna consecuencia jurídica”, remarcó.

En este sentido, adelantó que, el Poder Judicial, a partir del próximo ejercicio, no solo solo se limitará a la declaración patrimonial, sino que será requisito la constancia de no adeudo alimentario para todos sus trabajadores.

En este sentido, se dijo a favor de las acciones e iniciativas que busca promover el senador Agustín Dorantes, para fortalecer este registro, y que quienes aparezcan en él enfrenten consecuencias civiles, jurídicas y sociales que los obliguen a cumplir con su responsabilidad.

“Es importante para que logremos disminuir el pago, no solamente que aumente el número de deudores, sino que los que deben, paguen”.

De acuerdo con el senador, las medidas que se están buscando es que se restrinjan trámites cotidianos, como la expedición de pasaportes, contrataciones de personal y proveedores en los tres niveles de gobierno, así como en actos notariales. También se propone reducir de 90 a 30 días el plazo para inscribir a un deudor; y armonizar las leyes locales con la legislación federal.

“Cambiemos la mentalidad. Cumplir no es un favor, es un deber ético que nos hace mejores como sociedad”.

Remarcó al comprometerse en seguir impulsando una agenda a favor de la niñez y adolescencias.

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