Diputados Morena y PT presentaron un paquete de 4 iniciativas en materia presupuestal con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los recursos entre los municipios del estado.
Claudia Díaz Gayou, diputada del PT, explicó que con estas reformas en materia fiscal, se busca una nueva redistribución, puesto que actualmente el 30% de las participaciones se destinarán de acuerdo con la recaudación propia, por lo que se plantea sea bajo proporcionalidad inversa. Esto permitiría que municipios como Arroyo Seco, Peñamiller, San Joaquín o Tolimán accedan a más recursos para servicios básicos e infraestructura.
“Estas iniciativas forman parte de una visión, asegurar que el dinero público llegue a donde más se necesita, que los municipios cuenten con certeza financiera y que cada peso que ingrese a la hacienda estatal se ejerza con control y autorización legislativa”, dijo.
Asimismo, se busca actualizar la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal para aplicar este modelo en la distribución del impuesto especial a gasolinas y diésel, considerando no solo la población e ingresos, sino también los niveles de marginación.
Otra de las reformas es para que los excedentes de ingresos estatales no se gasten de manera discrecional por el Poder Ejecutivo, sino que su uso sea aprobado por la Legislatura. La cuarta iniciativa propone ajustes adicionales a la fórmula de reparto: 30% por índice de marginación (actualmente 3%), 30% por población, 22% por ingresos propios y 18% por superficie territorial.
El diputado Eric Silva, recordó que en la discusión presupuestal del año anterior se aseguró que sería un año con el presupuesto social más grande de la historia, algo que dijo no se ha reflejado en los índices de rezago social. Aunque precisó que estos ajustes no impactan en el presupuesto de otros municipios, ahondó que obliga a que se hagan cambios en el presupuesto estatal y en la bolsa destinada a los 18 municipios.
“Y a quien sí se le va a recortar un poco, es al presupuesto del gobierno del Estado. Pero bueno, esperemos que eso no sea una problemática para el gobierno del Estado, pudiendo ahorrar en algunas otras cosas que hemos visto por ahí en el presupuesto, que, a nuestro gusto, podrían recortarse un poco”.
De aprobarse las modificaciones, entrarían en vigor a partir del ejercicio fiscal 2026, cuya discusión en el Legislativo se realizaría en el mes de noviembre.