“Querétaro está entre los 10 estados con mayores reportes de violencia digital”, señaló la activista e impulsora de la Ley Olimpia, Olimpia Coral Melo, quien destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar.
Desde Defensoras Digitales, mencionó que preocupan los mercados de explotación sexual en línea, pues se han identificado más de dos millones de espacios digitales, que van desde grupos privados en Telegram hasta sitios pornográfico, donde no solo se difunden, sino también se producen, almacenan y poseen contenidos íntimos sexuales, dichos materiales no siempre provienen del sexting consentido, sino de prácticas ilícitas como el uso de cámaras ocultas en baños públicos, hoteles y moteles, grabaciones por debajo de la falda o el uso de inteligencia artificial para generar imágenes, en donde las principales víctimas son adolescentes de secundaria y preparatoria.
Más de 7 mil posibles víctimas en Querétaro
Explicó que, en mercados digitales de explotación sexual se han identificado más de 63 resultados asociados a Querétaro, 7 mil 047 registros de contenido en hoteles y 12,144 casos de material íntimo sexual difundido sin consentimiento, por lo que se podría hablar de alrededor de 7 mil 267 posibles víctimas.
Sin embargo, en el 70% de los casos no denuncia ante la fiscalía general del estado, lo que dificulta el acceso a la justica. Atribuyó esta situación a diferentes factores como a la revictimización institucional, pausas en el proceso legislativo y la creencia de que lo digital “no es real”, y a la falta de pruebas y colaboración de plataformas digitales, que no están obligadas a entregar información en México.
“Tan sólo con poner en uno de los más de dos millones de mercados de explotación sexual en Querétaro la palabra Querétaro, te aparecen 63 resultados de manera general, te aparecen en hoteles de Querétaro 7.047 resultados y te aparecen en lo que mal llaman estos mercados de explotación sexual digital caseros Querétaro, o mujeres que fueron grabadas sin su consentimiento, hasta 12.144, sumando un total de aproximadamente 7.267 víctimas”.
Además, destacó que el 70% de los casos denunciados que no han tenido vinculación al proceso ha sido por la falta de pruebas, pruebas que es necesario que las víctimas den a conocer por parte de las empresas digitales, pero dichas empresas no están responsabilizadas a dar esas pruebas digitales.
“Si una víctima denuncia a su agresor, puede tener mucho más éxito si tiene pruebas para la vinculación al proceso y el proceso de investigación jurídica, pero si carecemos de esas pruebas, entonces tenemos que depender de las empresas digitales y que estas coadyuven con las instituciones de Procuración y Administración de Justicia y ahí es donde se ve verdaderamente la mayor consecuencia para el acceso a la justicia, puesto que las empresas digitales no están haciendo su trabajo”.
Llamado al Congreso local
Por ello, solicitó al Congreso local que no se caiga en el “populismo legislativo”, y que se crea que con solo añadir “inteligencia artificial” a la redacción de los delitos se está mermando el uso de esta para la creación y difusión de contenidos íntimos, ni tampoco inventar nuevos términos que generen confusiones cuando no se ha apostado por una agencia especializada en delitos cibernéticos, mientras no haya apertura para tener el andamiaje de investigación jurídica, entender las condiciones de los fenómenos que se viven en los espacios digitales, ya que de lo contrario sería poner “más trabas”.
La activista señaló que desde 2013 las colectivas y sobrevivientes han construido el camino que hoy convirtió a la Ley Olimpia en modelo para América Latina, por lo que también pidió que las reformas en Querétaro no se construyan sin la participación de víctimas, especialistas y defensoras.
Herramientas de apoyo: Ley OlimpIA y protocolo EMA
Para coadyuvar con esta problemática, presentó dos herramientas: la Ley OlimpIA, la primera inteligencia artificial sobre violencia digital en el mundo, reconocida internacionalmente, y que atiende 24 horas al día en más de 30 idiomas y cuenta con cuatro contenciones: jurídica, psicológica, cibernética y comunitaria; y el protocolo EMA, que está dirigido a escuelas, docentes, familias y autoridades para actuar ante casos de violencia digital en menores.