Como algo sano, es como calificó Enrique Uribarren Castro, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental, el planteamiento de regular las concesiones, que buscan legisladores en la construcción de una nueva ley de aguas.
Enfatizó que es positivo que los gobiernos recobren la rectoría del recurso hídrico en estado, ya que señaló que los privados siempre que intervienen buscan obtener ganancias, y el derecho humano al agua no debe estar sujeto a una visión económica sino en la meta de dotar de este servicio a toda la población.
“Coincido en la necesidad de que sean entidades paramunicipales o paraestatales, y cuando digo paramunicipales, me refiero a esquemas como JAPAM en San Juan del Río, o paraestatales, como el cual tenemos en la entidad, para que doten del servicio. Porque finalmente el agua, en este sentido, como derecho humano, no puede estar sujeto a una visión económica”.
En este mismo sentido, destacó que se deben garantizar los costos adecuados para la dotación del servicio, mantenimiento y expansión de la red, incluidos en la tarifa, pero no más allá para obtener ganancia.
Esto ante los adelantos brindados por el diputado Eric Silva, quien incluso apuntó que se buscaría la prohibición de que las aguas residuales fueran susceptibles de tratamiento para consumo humano, como planteaba el proyecto el Batán.
Sobre este punto, Uribarren Castro, indicó que no coincide plenamente con esta prohibición, toda vez que existe la tecnología para procesar el agua y obtener líquido de mejor calidad a la hoy se distribuye, además de que sería lo más sano para los acuíferos y también, se podría estimar que, septuplicaría el nivel de volumen disponible.
Recordó que desde la creación de la actual Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Querétaro, conocida popularmente como “Ley del Agua”, ha insistido en que no se trata de una verdadera y genuina ley hídrica, ya que “Querétaro sigue siendo el único estado del país sin una auténtica Ley de Aguas”.
Aunque coincidió en la necesidad de construir una legislación integral que contemple todo el ciclo del recurso y responda a los retos derivados del cambio climático, advirtió que ésta debe elaborarse con amplios mecanismos de participación social, y evitar lo visto en las últimas legislaturas que se cierran a la participación de todos los sectores.
“Tiene que ser un proceso de cara y con los ciudadanos. El tema del agua nos afecta a todos por igual”, apuntó y señaló que se esperaría que estos trabajos se trabajen en parlamento abierto, por lo que reiteró su disposición a participar en el debate, en la nueva ley y en el proyecto del Consejo Consultivo para un plan integral hídrico.