Diputados locales de Morena dieron a conocer los resultados de foros realizados para la creación de la nueva Ley de Aguas del estado, la cual tendrá un enfoque social y ciudadano, en contraste con el carácter “mercantilista” que, aseguran especialistas, tiene la legislación vigente.
El diputado Eric Silva y la diputada Rosalba Vázquez, señalaron que uno de los aspectos resaltados por la sociedad y especialistas, es que la ley actual es incompatible con el reconocimiento del agua como derecho humano. Y aunque esta propuesta se trabajará de manera paralela a la ley nacional, no se contrapone toda vez que el objetivo es reconocer el agua como un derecho, al igual que lo busca la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Es lo que se recabó y lo que nos dicen los colectivos y las asociaciones es que esta ley, ellos ven que tiene un enfoque meramente mercantilista, que resulta incompatible con la visión del agua como un derecho humano y se necesita o tiene que haber la gestión de la sostenibilidad también de las cuencas y de los acuíferos queretanos y eso pues no lo incluye en la ley”.
La próxima semana comenzarán con mesas de trabajo con especialistas, ambientalistas y académicos, para que se pueda ir concretando cada uno de los artículos para conformar esta nueva legislación, ya que dijo se busca que esta ley traiga la misma cobertura social que el proyecto Batán, para que pueda ser impulsada, discutida y votada en pleno.
“¿Qué queremos con esto? Que sea una ley social, que sea una ley ciudadana, que sea una ley en donde haya la participación de todas y de todos”.
Entre las principales propuestas que debe contemplar la nueva ley, es reconocer el agua como un derecho humano fundamental y no como mercancía, rechazar la privatización en la operación del servicio de agua potable, diferenciando entre concesiones federales de extracción y concesiones municipales para su distribución, prohibir el uso de aguas tratadas para consumo humano, ante la falta de infraestructura y regulación, regular el manejo de aguas grises, pluviales y residuales, ya que actualmente no existe alguna ley que señale la separación en el drenaje.
También se planteó la creación de una Contraloría Social del Agua, autónoma de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), que tendrá facultades de vigilancia y de acción vinculante; además de la implementación de un sistema estatal de información del agua, abierto al público.
Otro de los puntos fue el garantizar el mínimo vital gratuito de 100 litros de agua diarios por persona, con especial atención a grupos vulnerables. Mientras que en materia ambiental, se apela a la prohibición de cambios de uso de suelo en zonas de recarga hídrica, regular el crecimiento inmobiliario en áreas de riesgo, y generar esquemas que impulsen las ecotecnias, promover la economía circular y la educación socioambiental.