La audiencia inicial contra 14 excolaboradores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), vinculados con el presunto desvío de 320 millones de pesos, fue pospuesta tras la solicitud de los abogados de dos de los imputados, quienes argumentaron que la carpeta de investigación —integrada por más de 80 mil fojas— representa una carga excesiva de información que requiere más tiempo para su análisis.
La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el juez de control aceptó la petición de la defensa y coincidió en que, por la magnitud del caso, es necesario garantizar que todas las partes cuenten con el tiempo suficiente para revisar el expediente. Además, señaló que la actual carga de trabajo del tribunal dificulta atender de inmediato un proceso de esta complejidad.
El caso, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una red de presuntos desvíos de recursos federales, investiga convenios firmados por la institución educativa con distintas dependencias públicas y entidades privadas. De acuerdo con la investigación, los fondos, originalmente destinados a proyectos académicos y científicos, habrían sido transferidos mediante mecanismos irregulares.
La FGR solicitó la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte coadyuvante del proceso, debido a los indicios de operaciones financieras atípicas detectadas en la revisión de los flujos bancarios. Según los reportes ministeriales, los recursos involucrados provendrían de programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con el aplazamiento de la audiencia, la imputación formal de los exfuncionarios universitarios queda en suspenso hasta que se notifique una nueva fecha. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la integración de pruebas y el análisis de los convenios firmados durante el periodo en investigación.
La causa penal podría convertirse en uno de los casos de presunta corrupción universitaria más relevantes en la historia reciente de Querétaro, tanto por el monto económico involucrado como por la cantidad de exservidores señalados.