La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) ya está alistando los informes finales de las cuentas públicas 2024, que tienen como fecha límite el 29 de noviembre, informó el auditor superior, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, quien reconoció que hay más hallazgos graves que en ejercicios pasados.
“Lo cierto es que sí tenemos graves, nos vamos a quedar con un importante número de graves, yo creo que en los últimos años no se había dado esta cantidad de identificación de conductas graves, y va a haber mucho trabajo en ese sentido”.
Aclaró que en este momento se está en la fase de solventación, que se trata de resultados preliminares, por lo que algunos hallazgos aún podrían ser solventados, y en caso de que no, podría haber situaciones de índole penal. No obstante, indicó que, por experiencia, si en el proceso de revisión no hay solventación difícilmente se subsana en la etapa actual.
“Yo creo, sin querer fijar ese número como tal, pero por lo que he podido acordar con los equipos de auditoría, yo creo que estamos alrededor de unas 15 conductas como graves. Y como lo dije también en alguna otra entrevista, pues las graves tienen otro lateral impacto en el tramo penal, no nada más en lo administrativo”.
Aunque evitó mencionar detalles específicos para no vulnerar el proceso, apuntó que las anomalías más preocupantes están relacionadas con servicios pagados, pero sin entregables o sin evidencia documental, lo que permite presumir la salida de recursos sin justificación.
Señaló que en diferentes municipios hay hallazgos, pero hay preocupación sobre Huimilpan, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, y en el caso de Pedro Escobedo, de acuerdo con lo declarado por el alcalde, refirió que podría ser en el tema de recursos federales.
El auditor destacó que, sin incremento de personal, este año aumentó el número de entes fiscalizables, lo que implicó una carga de trabajo significativa para el equipo de la ESFE, pero se cumplirá pese a ello con las fechas establecidas por la ley.
El proceso de solventación permite a los entes fiscalizados responder y subsanar faltantes hasta siete días después de recibir su cédula preliminar, pero si la irregularidad persiste, pasa a observación en los informes finales que se enviarán al Congreso local.