Las reformas impulsadas por el gobierno federal en materia hídrica no garantizan el acceso humano al agua y, por el contrario, vulneran derechos adquiridos, centralizan decisiones y abren la puerta a nuevas sanciones y delitos, denunció la diputada federal del PRI, Abigail Arredondo.
“No estamos en contra de la regulación, de poner orden, pero no al final en estos términos, en esto es una persecución”, alertó.
Remarcó que se trata de reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, en las que mencionó que no hay “disposiciones específicas” para garantizar el derecho humano al agua, pese a que ese ha sido el argumento principal del gobierno federal, y deja a criterio de las normas oficiales mexicanas y de organismos operadores la responsabilidad de asegurar este derecho, pero sin acompañarlo de presupuesto.
“La iniciativa de ley no establece mecanismos de financiamiento para garantizar el derecho humano al agua. Volvemos a lo mismo, ¿de qué te sirve hacer leyes, cambiar leyes si no va acompañado de recursos, de presupuesto? Hoy a Conagua se le están dando muchísimas tareas nuevas y obligaciones, pero ¿qué crees? Hoy le acaban de recortar a Conagua el presupuesto”.
Añadió que se crean cinco nuevos delitos relacionados con manipulación, traslado o uso indebido del agua, así como multas de entre 20 mil y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y se permite revocar concesiones por “prestar” agua a terceros, por cambiar su uso o por no cumplir con obligaciones fiscales.
“Se pretende el reparto condicionado del agua como mecanismo de control político. Imagínense la gravedad, yo reparto el agua en base a lo que políticamente a nosotros nos conviene. El agua deja de ser un derecho exigible y pasa a ser una prerrogativa del gobierno, una dádiva del gobierno”.
También, mencionó que se habla de la cancelación de concesiones sin declaratoria de utilidad pública, y se observa el riesgo de que productores pierdan derechos por dejar descansar sus parcelas un ciclo agrícola o por cambiar de cultivo, asimismo, sostuvo que se desplaza a los consejos de cuenca para la toma de decisiones sobre concesiones, prórrogas, volúmenes y verificaciones.
Advirtió que esto afectará al campo, a la industria y a la economía, ya que subrayó que la centralización también “abrirá espacios a la corrupción”.