El colectivo Frente Universitario en Contra de las Violencias realizó un pronunciamiento ante la violencia estructura institucional, ya que, aunque se han implementado protocolos, talleres e instancias de atención, estas estrategias consideraron que han sido insuficientes y operan con “huecos, ambigüedad, impunidad y parcialidad”, pronunció la vocera y docente Elena Catalina Gutiérrez Franco.
Enfatizó que estas deficiencias perpetúan las dinámicas violentas en las diferentes esferas y niveles, e incluso detalló que el colectivo recibió 31 quejas formales enviadas desde distintas facultades y bachillerato, de docentes, administrativos y estudiantes en donde hay hechos de abuso de poder, acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral, violencia institucional, violencia física y verbal.
Además, añadió que más de 20 personas se han acercado de manera informal para compartir experiencias de agresiones y malas prácticas, pero en las que no se han generado quejas formales, principalmente por miedo a represalias.
“Los señalamientos son muy diversos. Van en relación tanto con docentes entre pares, pero también hay denuncias de administratives contra jefes o jefas directos, directas, hay una variación de situaciones que se mueve en las diferentes áreas de la universidad, no sólo de estudiantes donde viven violencias por docentes o entre pares, sino también de docentes que reciben violencias, de docentes o de jefes directos y de administratives que también han sido vulnerados en sus áreas de trabajo”.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, narró que hace más de un año formalizó una queja y en respuesta se ha generado un ambiente hostil y acoso laboral, sin que haya atención inmediata de las autoridades universitarias, por lo que se ha recurrido a instancias externas.
“Llegar a estos puntos da cuenta de los huecos que todavía tenemos a nivel institucional, a nivel de protocolos, a nivel de seguimiento, a nivel de acompañamiento, para dar una resolución puntual”.
En el pronunciamiento lamentaron que se normalicen y encubran actos de violencia, y que, en lugar de sancionar se limiten a cambiar de puesto a las personas acusadas, sin medidas reales de reparación. Además, denunciaron retrasos excesivos en los procesos, prácticas de revictimización y minimización de denuncias, recriminando que el “amiguismo” y la “parcialidad” estén por encima del bienestar de la comunidad.
“Si la institución solapa y sostiene la perpetuación de la violencia, entonces cómo construir una cultura de la denuncia?, ¿cómo garantizar el acceso a la justicia si las únicas medidas que encuentran aplicables son cambiando a los, las agresores, agresoras del lugar de trabajo?, ¿cómo confiar en las instancias y autoridades si no tienen las condiciones mínimas para atender y entender las situaciones que atraviesan las personas?, y ni hablar de los elementos en formación básica para mediar sobre conflictos y el contar siquiera con personas que cumplan con los perfiles que se refieren”, concluyó.