A partir de este 2026, los contribuyentes en Querétaro deberán pagar un monto adicional de 141 pesos en cada impuesto o trámite superior a las 10 UMAS, con el fin de que esos recursos sean destinados al fondo de provisión de emergencias y protección civil para atender desastres naturales. Así lo anunció el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya.
Durante la presentación del Paquete Económico 2026, el funcionario explicó que la intención con dicho cobro es conformar la bolsa de 60 millones de pesos que el estado reserva anualmente para atender las emergencias derivadas de lluvias, inundaciones y sequías.
Precisó que el 20% del fondo está pensado para apoyos a productores agrícolas, y el resto para reparación de infraestructura. Además, puntualizó que los recursos solo podrán ser activados por el Consejo Estatal de Protección Civil cuando se emita alguna declaratoria de emergencia.
“La provisión que se está construyendo es para vía anual y de futuro, es un cobro de 141 pesos en el pago de impuestos y derechos que se tengan a nivel estatal arriba de un monto de 10 UMAS. Es decir, si tú pagas un impuesto o un derecho arriba de 10 UMAS, que son más o menos mil 130 pesos, estarían aplicándose estos 141 pesos y haciendo la provisión para que se congele y solamente sería activado por el Consejo Estatal de Protección Civil”, expuso.
Leal Maya indicó que el nuevo cobro forma parte de las modificaciones aplicadas a la Miscelánea Fiscal, la cual establece que no se crearán nuevos impuestos, aunque sí se prevén aumentos a estos con base en la inflación y la actualización de la UMA.
También, se contempla la suspensión al cobro de los museos por segundo año seguido, la homologación de más de 20 componentes del Código Fiscal de la federación y el compromiso de no adquirir deuda pública en este año.
Además, el secretario mencionó que el gobierno prevé apoyos relacionados con la obra del Tren México-Querétaro. Estos incluirán descuentos o exenciones en trámites registrales, catastrales e impuesto sobre nómina para la federación y propietarios de tierras donde se deban realizar la liberación de derecho de vía.